La conexión ineludible entre narcotráfico y violencia patriarcal ha sido visibilizada ya, décadas atrás, en varios países de la región. Desde la indignación mundial que generaron los asesinatos cotidianos de mujeres en Ciudad Juárez, México, en la década del 90, hasta el día de hoy.

En varios territorios, los feminicidios, asesinatos, violaciones, secuestros y trata de niñas y mujeres han sido parte de la violencia impuesta por el narcotráfico y permeada por el exceso de crueldad, con evidencia de violaciones grupales y torturas, que se presentaron durante años como ininteligibles. En estas “zonas de guerra” contra las mujeres, más que en cualquier otro lugar, se vuelve real el lema “cuerpo de mujer: peligro de muerte”, como afirma la antropóloga Rita Segato.

En Bolivia, ya en 2019 la muerte de Silvia Machado, una joven de 18 años cuyo cuerpo fue encontrado en un basural en la ciudad de Oruro, evidenció el funcionamiento de redes criminales dedicadas tanto a la trata de mujeres como al narcotráfico, que reclutaban a jóvenes en situación de vulnerabilidad con promesas de trabajo legal, para llevarlas a prostíbulos y después presionarlas para transportar drogas en sus estómagos. Ellas son las partícipes desechables de un negocio manejado por un crimen organizado en proceso de diversificación.

En 2014,  la Organización de Estados Americanos alertó ya que las organizaciones criminales dedicadas a la producción y tránsito de drogas han diversificado sus actividades para cubrir una amplia gama de delitos, como el secuestro y la trata y tráfico de personas; facilitados por las grandes sumas de dinero que genera el narcotráfico.

Hace pocas semanas, los cuerpos enterrados de cuatro mujeres: Mónica, Nayeli, Beatriz y Margarita, reportadas como desaparecidas entre 2017 y 2021, fueron encontrados en el sindicato Tres Arroyos de la provincia Chapare, en Cochabamba. Tres hombres están presos por esos crímenes, Dennis G. David S. y Omar Fernández. Este último, al declararse culpable del crimen de Mónica, fue condenado de inmediato, en procedimiento abreviado, a 30 años de cárcel. Fernández también dio datos de otros cuerpos enterrados en el mismo lugar, mientras alguna autoridad gubernamental trataba de instalar la versión de un “asesino serial”, para evitar la “criminalización” de la población de la zona. Justificaciones como el móvil sexual, el crimen pasional, la violencia doméstica, patologías y criminales seriales tampoco responden, sino confunden, el análisis social y resultan insuficientes.

Las dudas y sospechas de gran parte de la población crecen, no solo porque el Chapare es una de las regiones de Bolivia con mayor vinculación a la producción de la cocaína de exportación, sino también por varios elementos que surgen del proceso de investigación criminal.

Un primer elemento es la forma en que, en diciembre de 2020, desapareció Mónica. Sus familiares denunciaron que ella fue sacada por la fuerza de su domicilio por más de una persona; y siempre señalaron a Dennis G., ex novio de ella, como sospechoso.

Un segundo elemento es la declaración de Fernández, autor confeso del crimen, quien dijo que la noche del 19 de diciembre Dennis G. los llamó a él y a David S. para que “la hicieran desaparecer”, y por lo cual les iba a pagar la suma de 70 mil bolivianos. El móvil de Dennis, según Fernández, fue que ella no hizo "trabajar en el narcotráfico" el dinero que él le dio con ese fin, sino que, al contrario, ella lo malgastó e inició una relación con otro hombre.

Esto indicaría que Fernández es un sicario, y no un asesino serial. Es necesario entender que hay una diferencia sustancial entre el sicario (que mata por encargo, a cambio de un pago dado por el autor intelectual), y el asesino en serie (que tiene una compulsión por matar, y elige a sus víctimas según sus fantasías de violencia). Los rasgos típicos de uno excluyen al otro.

Otro elemento a considerar es la actitud de Fernández quien, después de ser condenado a pena máxima por el crimen de Mónica, se inculpó por los otros tres feminicidios, generando sospechas sobre a quiénes protege. Al no existir en Bolivia la sumatoria de penas, igual cumplirá 30 años de presidio sean cuales sean sus crímenes.

Pese a la insistencia del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, de dar el caso por cerrado, los últimos días Fernández manifestó ante la prensa que el principal autor no es él sino Dennis G., quien estaría involucrado en el narcotráfico y habría tenido relaciones sentimentales no solo con Mónica, sino también con las otras mujeres asesinadas. Esto demuestra que falta mucho todavía por descubrir.

De acuerdo con la Policía, uno de los posibles móviles de estos crímenes es el “ajuste de cuentas”, mientras que la Fiscalía ha manifestado que hay otras mujeres de la zona que están reportadas como desaparecidas.

Un pronunciamiento público de varias organizaciones, redes y colectivos de la sociedad civil, ha instado al Estado a conformar una Comisión Especial para la investigación exhaustiva del caso. Las autoridades, sin embargo, no solo deben poner énfasis en algunos casos porque son mediáticos, cuando sabemos que existen miles de denuncias y procesos sin resultados; lo que evidencia no solo las falencias del sistema judicial y los procesos de investigación, sino también el relegamiento a segundo plano del tema estructural de la violencia contra las mujeres.

Recordemos, por ejemplo, que aún no se esclarece el asesinato de una mujer cuyo cadáver en estado esquelético fue encontrado cerca de la localidad de Ivirgarzama, en agosto de 2020. Y tampoco se ha encontrado el cadáver de la turista francesa Fannie Blancho, asesinada después de ser violada en una hacienda en Guayaramerín, en el Beni, en 2010.

Urge que el Estado investigue a profundidad y se conozca la verdad de estos crímenes contra las mujeres, y que las políticas públicas tomen en cuenta la vulnerabilidad de esta población en regiones donde, además, la violencia contra las niñas y mujeres se recrudece por los pactos patriarcales alrededor del narcotráfico.

FORO FEMINISTA

Gloria Rose Achá
Abogada, investigadora y coordinadora de Acción Andina - Bolivia. Activista feminista
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