Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 07 de mayo de 2021
  • Actualizado 18:10

Mujeres criminalizadas por drogas

Mujeres criminalizadas por drogas

La Criminología feminista propugna una comprensión de la delincuencia de las mujeres sin los estereotipos sexistas de las teorías tradicionales androcéntricas sobre la “desviación”, que consideraban a las mujeres involucradas en delitos como “raras”, por no mantener su confinamiento en el hogar ni cumplir con sus obligaciones de cuidado familiar. El reproche social era por el incumplimiento de los roles de género establecidos.

Lejos de este enfoque, la Criminología de influencia feminista promueve una comprensión real de los delitos cometidos por mujeres, desde la particularidad de cada tipo delictivo y sus factores predisponentes, considerando las desigualdades de género en la sociedad patriarcal, por lo que el sexo y el género forman parte de las variables de análisis.

La expresión máxima del sistema punitivo es la cárcel. En Bolivia, las mujeres conforman un 7% de la población carcelaria, porcentaje reducido que contribuye a invisibilizar su realidad frente al 93% de hombres encarcelados.

Solo hay cuatro cárceles para mujeres en el país: Obrajes y Miraflores en La Paz, San Sebastián Mujeres en Cochabamba, y la cárcel de Mocovi en Beni; mientras que, en los demás departamentos, las mujeres ocupan ambientes separados dentro las cárceles de varones.

Según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, a febrero de 2020 había un total de 1.201 mujeres en prisión. De ellas, 14% con cargos por tráfico de drogas (unos pocos gramos de droga son suficientes para ser imputadas por este delito, es decir que no se trata de grandes narcotraficantes), 13% con cargos por robo agravado, 11% por estafa y estafa agravada, 10% por asesinato, 8% por suministro de drogas, 4% por homicidio, y 3,5% por transporte de drogas, entre los delitos con mayor número de detenidas.

Estos datos muestran la relevancia que tiene la política punitiva de drogas en el encarcelamiento de las mujeres, ya que un 25% de las mujeres encarceladas lo están por tráfico, suministro y transporte de drogas, mientras que, en el caso de los varones, los encarcelados por drogas solo alcanzan a un 10% del total.

Trabajos anteriores de Acción Andina – Bolivia mostraron que las mujeres encarceladas por drogas suelen haber transportado cantidades reducidas en sus cuerpos, o realizaban la venta al menudeo de sobres de pocos gramos, o no pudieron probar su condición de consumidoras y no vendedoras. Un estudio de la Defensoría del Pueblo señalaba la problemática de las mujeres encarceladas que son madres, muchas de ellas únicas proveedoras o proveedoras principales de sus hogares (por el incumplimiento de la responsabilidad paterna) las que, ante la imposibilidad de conseguir ingresos económicos para la manutención de sus hijos e hijas, son persuadidas por los narcotraficantes para, por ejemplo, realizar tareas subalternas de transporte.

La reducción del porcentaje de mujeres privadas de libertad por drogas (que en 2020 constituyeron un 25% del total de la población de mujeres encarceladas, frente al 56% que alcanzaron el año 2012) tampoco puede considerarse un avance en cuanto a excarcelación de mujeres vulnerables. En 2012, comenzó la emisión de los decretos y leyes de indulto que, si bien redujeron el número de mujeres encarceladas por drogas, lo hicieron a costa de su derecho a la defensa. Una persona detenida debe, previamente, declararse culpable para conseguir la pena reducida que le permitirá solicitar el indulto. En un país donde 80% de las mujeres en las cárceles están detenidas preventivamente, sin sentencia (dato de 2018, de la Defensoría del Pueblo), el indulto constituye una especie de trampa para las mujeres vulnerables que no tienen recursos para pagar un abogado o las pericias que podrían demostrar su inocencia.

Los porcentajes de mujeres aprehendidas por la Policía por delitos de drogas son más altos que los observados en las cárceles. Entre 2012 y 2015, hubo un notable incremento en el número de las mujeres aprehendidas por el delito de consumo y tenencia para consumo (un 21% del total de personas aprehendidas en 2015 fueron mujeres, frente al 14% de aprehendidas en 2012). El mismo año 2015, un 24% de las personas aprehendidas por tráfico eran mujeres, al igual que un 18% del total de personas aprehendidas por transporte.

La muerte de Silvina Machado, caso mediático en 2019, permitió visualizar también la situación de las mujeres que caen en manos de tratantes quienes, además de prostituirlas, las presionan para que transporten drogas.

Esta población de mujeres involucradas en delitos de drogas, señala Luciana Boiteux, especialista en Derecho Penal, comparte un perfil sociodemográfico similar, son madres solteras y jefas de hogar, con baja escolaridad, responsables del cuidado de sus hijas e hijos y de otros miembros de su familia. Esta realidad requiere que todo análisis sobre la conexión drogas y cárceles incluya también una perspectiva feminista.

FORO FEMINISTA

GLORIA ROSE ACHÁ

Abogada, investigadora y coordinadora de Acción Andina - Bolivia. Activista feminista

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