Se entiende como fluidez económica a la “facilidad de movimiento y de operación de los factores económicos (mercado, transporte, mano de obra, banca, etc.)” Todo Gobierno, al administrar y controlar a sus gobernados como ciudad o colectividad social, debe fundamentalmente “facilitar” la fluidez económica tanto interna como externa, que redundan en el bienestar de todas las personas como también de todas sus instituciones. Lo contrario, las “interrupciones” a la fluidez económica afectan negativamente a ese bienestar personal e institucional.

Hecha esta precisión, cabe reflexionar sobre los réditos “políticos” que se generan al propiciar estas interrupciones. Si se está en el “Gobierno”, por supuesto que se descalificará cualquier “corte” que afecte a la estabilidad económica y social. Si no se está en el “Gobierno” se abogará cualquier excusa para “bloquear” este flujo y generar la mayor inestabilidad posible. Lo dramático es para quienes no están en el Gobierno ni tampoco en la oposición, la gente que vive de su trabajo, la gente que confía en progresar, la gente que tiene aún esperanzas, la gente que se queda donde habita, en suma, de las nuevas generaciones que impotentes ven cómo en su nombre acontece esta lamentable pugna. Es impresionante comprobar en la región de “Kanata”, que cualquier día, a cualquier hora, en cualquier lugar, con cualquier motivo se interrumpe la fluidez económica; con marchas y bloqueos de las calles y avenidas de la metrópoli, con manifestaciones político partidarias, con los reclamos vecinales, de justicia, procesiones religiosas, farándulas festivas, hasta con eventos culinarios o deportivos específicos, llegando a convulsionar el tráfico vehicular y peatonal, que hacen abortar toda una serie de potenciales transacciones económicas, con los perjuicios consiguientes.

Por ejemplo, ir y salir del centro de la ciudad en movibilidad, transporte público o a pié, ya es una actividad complicada que demandan sus propios tiempos y requisitos. Si en esta avezada aventura cotidiana se colisiona con cualquier “interrupción”, es para lamentar.

Como se dijo anteriormente, es condenable la imposición del rédito político de las interrupciones al flujo económico, a costa de la continuidad en la mejora de las condiciones socio económicas de la sociedad cochabambina. 

Tampoco, el otro extremo de prohibir por prohibir estas expresiones, que en algunos casos son un derecho, pero que les faltan su contraparte; asumir sus responsabilidades con el colectivo social no involucrado directamente.