Dentro de la literatura económica convencional, el rol de la Inversión Pública (IP) sostiene la existencia de efectos directos sobre el incremento del stock de capital y la productividad de los factores de producción de las empresas. En el caso de Bolivia y en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), la IP se define como todo uso de recursos públicos destinados a crear, ampliar, reponer, mejorar y/o recuperar capacidades productivas, económicas, sociales, ambientales y/o culturales para fortalecer la economía plural y el vivir bien.

En periodos neoliberales de 1993 al 2005, las cifras en promedio de la IP registraban apenas 556 millones de dólares, descuidando la demanda interna y con medidas orientadas únicamente a favorecer a las grandes empresas privadas, paralizando la economía del país. La IP de ese entonces fue financiada en 53% con recursos externos y 47% con recursos internos. Además, la inversión de ese periodo, era financiada mayormente con recursos externos (créditos y donaciones), condicionados a la aplicación de determinadas políticas. 

A partir de la gestión 2006, el Gobierno incrementó la IP cuantiosamente de 629 millones de dólares en 2005 a 4.011 millones en 2021, que representa un aumento del 538%, lo cual se constituye en un eje importante de dinamización de la economía boliviana, cuyo financiamiento se debe mayoritariamente a los recursos económicos internos. En el periodo de 2006 a octubre de 2019, la composición de la inversión del Estado en promedio fue financiada en un 74% con recursos internos y tan solo un 26% con recursos externos, resultado que se debe a la aplicación del MESCP.

Lamentablemente, de noviembre de 2019 a octubre de 2020, durante la administración transitoria de Jeanine Áñez muchas obras  fueron paralizadas y se dejó de pagar a empresas contratistas, lo cual afectó al sector y tuvo efecto multiplicador negativo en la economía boliviana, donde el objetivo del anterior gobierno era quebrar y privatizar las empresas estatales, bloqueando el desarrollo económico al intentar reponer el viejo modelo neoliberal que privilegió a grandes empresas privadas sobre el público.

Considerando que la IP se ha constituido en el principal instrumento de política económica y ha generado importantes cambios en la economía, el gobierno de Luis Arce realizó ajustes al Presupuesto General del Estado de la gestión 2021.

El PGE inicial, elaborado por el gobierno de transición, proyectaba una menor tasa de crecimiento del PIB, reducía la IP, se perfilaba mayor inflación y acentuaba la incertidumbre con la ejecución de políticas neoliberales para favorecer a ciertos grupos de poder en desmedro del pueblo, y planteaba una IP por 3.442 millones de dólares.

El PGE ajustado contempla 4.011 millones de dólares para IP, lo que representa un aumento del 17% con relación al PGE inicial, el mencionado importe se compone de 61% con recursos internos y 39% con recursos externos; consiguientemente, del total de la IP programada el 36,2% se destinará a proyectos de infraestructura, el 34,9% será para el sector productivo, el 24,9% se destinará al sector social y 4% se asignará a proyectos multisectoriales (...).

Finalmente, con la reactivación de la IP se está retomando el camino al desarrollo sostenible y prosperidad del pueblo, administrando de forma responsable los recursos del Estado y con la aplicación del MESCP se dinamizará el crecimiento económico a través de la industrialización, obras de desarrollo productivo, infraestructura y proyectos sociales, con generación de empleo y reducción de la pobreza, garantizando a los bolivianos que ¡Vamos a salir adelante! 

FORO

FERNANDO R. CHUQUIMIA

Especialista Financiero

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