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18-O: Bolivia recupera su estabilidad y crecimiento económico

18-O: Bolivia recupera su estabilidad y crecimiento económico

El 10 de noviembre de 2019, se produce la interrupción de 37 años de democracia continua en nuestro país, provocando un quiebre constitucional liderado por las élites oligárquicas tradicionales y asentado en sectores de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, quienes rompieron la cadena de mando, forzando la renuncia de las autoridades electas, para instaurar un régimen no constitucional, sustentado en el temor por el uso de la fuerza.

Los acontecimientos marcados por la conflictividad social y política de octubre y noviembre de 2019, desembocaron en la ruptura del orden constitucional y la toma de mando del Gobierno de Facto (GF), instancia caracterizada por su corrupción, crisis política, económica, sanitaria y abuso de poder de las autoridades por la necesidad de controlar la pandemia, aspectos que debilitaron catastróficamente la democracia de Bolivia.

Se recuerda al lector que el GF postergó en tres ocasiones la celebración de las elecciones generales del 2020, bajo argumentaciones insuficientes e infundadas, e instrumentalizando políticamente la pandemia. En este contexto, el movimiento social y popular impidió con movilizaciones que el GF pueda prorrogarse indefinidamente en el poder, logrando que las elecciones se realicen el 18 de octubre de 2020. Es así que, el Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, al ser el único partido hegemónico y estructurado de la política boliviana, con una militancia y un voto fidelizado, obtuvo como resultado de las elecciones el respaldo mayoritario del pueblo boliviano con el 55,11%, recuperando de esa manera el orden democrático constitucional.

A partir de noviembre de 2020 y a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia viene implementando medidas económicas y sociales para la reconstrucción y reactivación de la economía boliviana, que estimulan la demanda y oferta de nuestro país, con pilares basados en el restablecimiento del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), sin descuidar el tema sanitario mediante la ejecución del plan estratégico de lucha contra el COVID-19.

En este sentido, por el lado de la demanda se tienen las siguientes medidas: reactivación de la inversión pública con un presupuesto vigente de 4.040 millones de dólares, cuya ejecución repunta al mes de agosto de 2021 en 106% respecto al mismo mes de 2020; Bono contra el Hambre de 1.000 bolivianos, beneficiando a 4.035.773 personas a nivel nacional, con un monto total de 4.036 millones de bolivianos; aumento adicional y extraordinario de rentas para los jubilados; reintegro al Impuesto al Valor Agregado con un importe devuelto de 13,1 millones de bolivianos a julio de 2021; Impuesto a las Grandes Fortunas cuya recaudación asciende a 240,14 millones de bolivianos a mayo de 2021; incremento del 2% del salario mínimo nacional a 2.164 bolivianos; creación de ítems para salud y educación; y la devolución total o parcial de los aportes de pensiones.

Asimismo, por el lado de la oferta se tiene el fortalecimiento de empresas públicas mediante aportes de capital; apoyo al sector productivo y promoción de la política de sustitución de importaciones mediante el crédito SiBolivia con más de 911 millones de bolivianos; Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional por 150 millones para cubrir el 50% de la garantía de créditos SiBolivia; refinanciamiento y/o reprogramación de créditos y periodo de gracia; restablecimiento de límites de cartera para apoyar al sector productivo; ejecución de la subasta electrónica y mercado virtual estatal; Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (Focipp) el cual destina hasta 1.500 millones de bolivianos en favor de los gobiernos autónomos municipales e indígena originario campesinos, para financiar proyectos de inversión para la sustitución de importaciones, infraestructura productiva y proyectos productivos; Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP) con un importe de hasta 2.000 millones de bolivianos, entre otras medidas de gran importancia.

Finalmente, y en el marco del plan de lucha contra el COVID-19, el gobierno nacional asignó 2.268 millones de bolivianos para la adquisición de vacunas, pruebas de detección, medicamentos, equipamiento de hospitales y contratación de personal médico, logrando al 29 de septiembre del presente, inmunizar a 6.780.455 personas, garantizando el abastecimiento suficiente para cubrir el cien por ciento de dosis para la población vacunable.

FORO

Fernando Roger Chuquimia Vargas

Experto Financiero

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