El nuevo gobierno del MAS en el momento de posesionarse las primeras autoridades, aseguró buscar la concertación, sanar las heridas y pacificar el país. En la Asamblea Legislativa Plurinacional solo tiene mayoría absoluta y pese a que sustituyó los dos tercios de votación por la mayoría absoluta en el debate parlamentario, para algunas decisiones pocas, pero importantes, tiene que concertar. Se obliga, el gobierno, a desarrollar prácticas sobre conflictividad y cómo arribar a acuerdos; el desarrollo de técnicas de negociación no es un dato menor.

Tras los traumáticos hechos de octubre y noviembre de  2019, la pandemia, la crisis económica que trajo esta y la problemática gestión del gobierno de Áñez, un primer paso hacia la pacificación fueron las elecciones en octubre de 2020, pero sin duda, estas no lograron aplacar totalmente la conflictividad en el país porque, por un lado, el MAS asume el gobierno con un pasado de 14 años en el poder, positivo para sus partidarios, y muy negativo para sus detractores; y por otro, el nuevo gobierno se instala en medio de una recesión económica y pandemia que se alimentan mutuamente. Esto es, que la posibilidad de concertación se podrá materializar solo cuando de ambos lados haya reconocimiento crítico de las luces y sombras del pasado gobierno del MAS; 14 años de solo corrupción y de autoritarismo, frente al proceso de cambio, una revolución sin peros ni errores. Cuando la economía está bien, los actores políticos y sociales permanecen estables y todo se hace previsible, pero cuando está mal y prosigue agravándose, los actores políticos y sociales reevalúan sus condiciones y el escenario se torna inestable, las lealtades y apoyos más sólidos pueden desvanecerse en el aire. La recesión económica puede ser letal, si no se revierte la tendencia.

Lastimosamente, el gobierno del MAS desarrolla su acción en una coyuntura estratégica de alta tensión y casi nada de gestión; la victoria del MAS diluye la fase crítica, legitima al nuevo gobierno, pero las corrientes polarizadas siguen, no soluciona la conflictividad histórica, ni la derivada de los enfrentamientos 2019-2020. La tensión entre el gobierno y la ciudadanía se refuerza porque no se ha planteado una propuesta y un plan de gobernanza del país. La expectativa positiva sobre el nuevo gobierno se evapora; satisfacer las demandas de diversos sectores genera tensiones, desacuerdos y, eventualmente, conflictos. La obligada tarea de pacificación requiere de un Estado articulador que promueva la despolarización y genere la convivencia en todas sus expresiones.

El mayor conflicto boliviano hoy es sociopolítico, exacerbado por la crisis de 2019-2020. Ante esta crisis de enfrentamiento de país diverso, es necesario trabajar en despolarizar posiciones, hacer prevalecer el bien común y fortalecer el debate democrático. El desafío es apostar a la gobernabilidad con consensos como puntos de partida para elaborar políticas públicas, la elaboración de lo común para evitar alterar el orden institucional; las palabras y hasta los gestos del gobierno son decisivos; ya fue una mala señal la modificación de los dos tercios que indignó no solo a la oposición sino a la población y que este gobierno no hiciera nada.  La legitimidad en democracia es poder, pero para hacer el bien. El gobierno debe evitar que los problemas se conviertan en conflictos, los conflictos en crisis y las crisis en catástrofes. Abrir frentes con: la Ley de Emergencia Sanitaria; el Decreto de Amnistía -más por cuestiones políticas que sociales-; la polémica devolución de 346,7 millones de dólares al FMI; el cambio de los símbolos patrios y el manejo estructural de la pandemia, son demasiados para tan solo 100 días de gobierno. La polarización desestabiliza y es algo que el país debe dejar atrás. Mientras tanto, el Presidente de gira, con su guitarrita.

TIBURÓN

FERNANDO BERRÍOS

Politólogo

[email protected]