Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 23 de mayo de 2024
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Sin moral, el Estado no sirve

Sin moral, el Estado no sirve

La internacional Meta, a cargo de Facebook e Instagram, ha desmantelado una red originada en Bolivia vinculadas al MAS y al grupo “Guerreros digitales”. Eliminaron 1.041 cuentas de Facebook, 450 Páginas, 14 grupos y 130 cuentas en Instagram por violar políticas de comportamiento. Meta vinculó a los guerreros digitales con los azules y con la administración de Arce. Se resalta el uso de cuentas falsas para hacer publicaciones en apoyo al Gobierno boliviano y para criticar y hostigar a la oposición, situación que trajo consigo el pago de anuncios y publicidad por 1,1 millones de dólares.

La existencia de los guerreros digitales data de 2016, cuando Evo instruyó la penetración del mundo virtual, porque consideró que había perdido el referéndum del 21F por la propalación de mentiras (verdades) sobre el caso Zapata en las redes sociales. El daño provocado por estos pandilleros denominados “guerreros”, pagados con dinero de los bolivianos, no solo es a la oposición y a los medios independientes, sino a la democracia en su conjunto. Evistas y arcistas juran que los guerreros son buenos, patriotas y que no cobran por sus servicios. La verdad es que tienen el objetivo de propalar mentiras, manipular, distorsionar la verdad y de imponer narrativas temerarias en la sociedad, se impone una profunda investigación ante un escándalo de grandes proporciones. Que no suceda lo mismo que con el proceso por corrupción y daño económico al Estado por contratos irregulares por 12,4 millones de bolivianos adjudicados a Neurona. En 2021, Evo de por medio, el caso fue sobreseído sin pistas sobre los responsables de los pagos.

La juez Gladys Bacarreza fue encarcelada preventivamente por el extravío de 92 expedientes judiciales, sobre ella pesan 90 demandas, tiene pendientes 12 procesos penales por 9 delitos. Está detenida porque “se constituye un peligro efectivo para la sociedad debido a la actividad delictiva reiterada”, prevaricato, retardación de justicia, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a las leyes, uso indebido de influencias, privación de libertad, obstrucción a la justicia, favorecimiento a la evasión, supresión o destrucción de documentos y por someter a litigantes en un “cuarto de torturas”. Fue denunciada reiterativamente ante las instancias de control judicial como ante los medios de comunicación, y en febrero de 2022 fue suspendida por quinta vez por ayudar a violentos y agredir a víctimas. En 2020, burló la fiscalización de la Asamblea Legislativa, la Comisión de Derechos Humanos en Diputados; luego de varias denuncias contra la juez, hizo una petición de informe al Consejo de la Magistratura, el requerimiento no fue atendido y no hubo pronunciamiento desde el Legislativo. La juez es hermana de Zenón Bacarreza, uno de los magistrados del Tribunal Constitucional que en 2017 avaló la reelección de Evo. El delito parece genético.

El excanciller Fernando Huanacuni y su esposa Cecilia Pinedo aparecen en al menos tres planillas de asistencia a reuniones con Yacimientos de Litio Bolivianos como representantes de Fusión Enertech Develoment, empresa china que estaba interesada en la explotación de litio. También hay cartas de la compañía que acreditan a la cónyuge como representante oficial para las reuniones con YLB. El Decreto Supremo 29894 indica que ningún ministro o exviceministro puede tener o ejercer contratos, tener relación con el Estado hasta después de dos años de haber cesado su mandato como autoridad. No solo es el hijo del Presidente, están Huanacuni y su esposa, hay beneficio en razón del cargo.

Moralmente, sigue siendo una especie de “así nomás es”, es un problema social de magnitud. Una sociedad enferma se justifica al no hacer nada, de la misma manera que se justifica la corrupción “roba, pero hace obras”. Urge retornar a una sociedad justa y moralmente estable.

TIBURÓN

FERNANDO BERRÍOS

Politólogo

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