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  • Diario Digital | sábado, 18 de mayo de 2024
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Maldita corrupción

Maldita corrupción

El 25 de marzo de 2022, en un operativo de la Umopar en el Valle de Sajta del Chapare, el capitán Ivert de Villegas descubrió un megalaboratorio y cuatro fábricas de cocaína. Antes de intervenir las fábricas, un “jefe superior” ordenó que salgan del lugar y “no toquen ni saquen nada”. El coronel Yerko Terán y unos 40 miembros de su patrulla intentaron omitir la orden de replegarse sin intervenir, pero fueron presionados y amenazados con procesos, se dijo que las órdenes provenían del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, y de los coroneles José María Velasco, Director Nacional de la FELCN y Franco Jaime Arancibia, Comandante Nacional de Umopar. 

El hecho fue denunciado por una presunta protección al narcotráfico y se difundieron audios que involucraban a los coroneles Velasco y Arancibia. El coronel Terán pasó de testigo denunciante a denunciado.

Después de un año, el Ministerio Público emitió una resolución de sobreseimiento y liberó del caso narcoaudios a los policías involucrados, el fiscal de La Paz Franklin Alborta dice que no existen pruebas suficientes del presunto hecho y aquello da lugar a la “duda razonable en el juzgador”, para que pueda dictar una sentencia condenatoria, en consecuencia, dice la resolución, “procédase con el correspondiente archivo de obrados”.

En agosto de 2022, se presentó una denuncia penal contra el presidente de la ABC, Henry Nina y otros nueve funcionarios de esa entidad; la acusación indicaba una presunta coima de 18,6 millones de bolivianos, el 4% del monto total de la obra adjudicada a la empresa china Harbour Engineering Company (CHEC), para construir la doble vía Sucre-Yamparáez; en el proceso de investigación se conoció que el pago de 9 millones como “adelanto” se realizó en el cuarto de un hotel de la ciudad de Sucre y no así en las oficinas de ABC, habitación que también servía para reuniones de la comisión calificadora con el representante de la compañía china. Los fiscales Cristhian Suárez y Fernando Aragón asignados al caso, determinaron el sobreseimiento del caso de supuesta corrupción señalando que la auditoría forense y las pruebas periciales descartaron irregularidades en la adjudicación y contratación de la empresa CHEC. Aragón señala que a pesar de los testimonios del testigo protegido y de otros implicados en el caso, así como otras pruebas, las pericias y la auditoría forense determinaron que la supuesta coima de 9 millones de bolivianos en realidad se trataba de un adelanto que la ABC entregó a la empresa CHEC. Nunca se tomaron en cuenta las afirmaciones del ministro de Justicia, Iván Lima, que admitió que se alteró un poder en el proceso de contratación, o de otros procesados que admitieron irregularidades y revelaron cambio de documentación, la compra de facturas y la devolución de los nueve millones.

Juan Santos Cruz, exministro de Medio Ambiente y Agua, está encarcelado preventivamente por presunta corrupción, fue denunciado por cobro de coimas a empresas en al menos siete adjudicaciones y recaudó más de 19 millones de bolivianos. Con esos recursos, habría comprado unos 30 inmuebles y autos de lujo a nombre de sus familiares. Su sobrino Jhonny Santos y su colaboradora Rosa Viviana Bautista están presos por el delito de enriquecimiento ilícito. En este mismo Ministerio, Bladimir Iraizos fue destituido de su cargo de interventor de Epsas, intentó sobornar al Mallku de Hampaturi a cambio de frenar las protestas que exigían su renuncia.

En el “índice de percepción de la corrupción”, Bolivia ocupa el puesto 126 de 180 países. Y en el “Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2022” nos ubica en el puesto 14 de 15 países. La guerra contra la corrupción la hemos perdido, entre tanto seguiremos regalando autos robados.

TIBURÓN

FERNANDO BERRÍOS

Politólogo

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