Primera parte, ministro: El Gobierno optó por procesar por la vía ordinaria a Jeanine Áñez y no a través de un juicio de responsabilidades. No empezó con un juicio de responsabilidades “porque no teníamos los dos tercios de la Asamblea Legislativa, hay que armar un caso y presentar las pruebas. No puedes ir con una acusación tan grave el día uno”. Esa fue la razón, y resaltó que “hay que construir la legitimidad y la prueba”. Por qué apresaron a Áñez, “la más débil” y no a Jorge Quiroga, “el mandamás de ese escenario que daba órdenes a las FFAA, o Luis Fernando Camacho, la cabeza de esa acción”. Áñez no tenía ni el dinero, ni la relevancia intelectual, ni de nada. “Fue la ficha más fácil de utilizar”. Desde la oposición se dijo: “Confesó que las demandas contra Áñez son forzadas y al margen de la ley. Sin marco jurídico, se generó un caso para cumplir el objetivo del MAS, pero todo es ilegal”. Es una confesión de que el tema fue armado y confirma la injerencia política en la justicia. La declaración de la autoridad es la confirmación de que la denuncia por terrorismo, sedición y conspiración en contra de Áñez es armada.

Segunda parte, ministro: El 16 de marzo, anunció que el Gobierno analiza el encausar judicialmente al secretario Almagro, por sus acciones injerencistas en asuntos internos de Bolivia, como por el incumplimiento en 2019 de lo convenido entre el Estado boliviano y la OEA en lo relativo a la auditoría de las elecciones generales de octubre de 2019”. El papel de la OEA, el rol de la Misión de Observación Electoral y el papel del secretario Almagro en las elecciones de 2019 que derivó en la posterior crisis política que terminó con la salida del expresidente Morales, determinó “La decisión del gobierno nacional de llevar a juicio al señor Almagro en las instancias que correspondan; estamos evaluando los caminos jurídicos y probablemente no sean excluyentes, probablemente podamos seguir todos simultáneamente”. Almagro es criticado, porque se considera que el informe preliminar que desahució los comicios de 2019 fue parte de la caída de Evo por un presunto “fraude”. Ante esas denuncias de “fraude”, la OEA y el Gobierno suscribieron un acuerdo para que el organismo internacional realice una auditoría a los comicios. El 10 de noviembre de 2019, el organismo emitió un informe preliminar que no validó los resultados de las elecciones por presuntas “irregularidades” y recomendó una nueva votación. La auditoría vinculante tenía características, no era cualquier auditoría, debía seguir un protocolo que ha incumplido la OEA”, dijo el ministro. La renuncia de Morales fue denunciando “un golpe cívico, político y policial”

La OEA y la Unión Europea coincidieron y muestran una elección manipulada. Los peritos afirmaron que hubo invasión al sistema de cómputo con servidores desconocidos que alteraron los datos, falsificaron firmas y adulteraron actas, el TSE no fue transparente, además de favorecimiento a Evo desde antes de la votación. El jefe de la misión de observadores de la OEA en 2109 dijo “no me cabe la menor duda de que hubo fraude”  

Tercera parte, gobierno: Manifiesta que no hubo sucesión sino un “golpe de Estado”, Luis Arce dice como corolario “la economía crecía y vino el golpe de estado y nos dejó lamentablemente un país quebrado, un país técnicamente destrozado y que hoy nos toca reconstruir”. Se afirma que las cámaras de la Asamblea nunca “admitieron o negaron” las renuncias. “Áñez, se autoproclamó presidenta del Senado, declaró vacancia y en segundos se autoproclama, ipso facto, presidenta de la República. Sin quórum, sin admitir las renuncias, sin votación, sin debate”. “Se consumó el golpe más artero, por una senadora de derecha golpista” dijo a su vez Evo. Los esfuerzos están dirigidos a posicionar el golpe y desechar el fraude, tiene que haber una sentencia que elimine para siempre el fraude y condene el golpe, de no hacerlo el MAS correrá siempre el riesgo de ser sancionado y desaparecer como sigla política, así de simple. 

TIBURÓN

FERNANDO BERRÍOS

Politólogo

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