El 13 de marzo de 2016, una adolescente de 16 años fue trasladada a un terreno baldío en el municipio de Cliza con engaños para ser parte de una pandilla, la más peligrosa del lugar. Su enamorado, Omar Alejandro Ordóñez, líder de los Wander Rap, no solo no escuchó la negativa a ser parte de un rito de iniciación, sino que alentó, permitió y participó junto a otros 10, de la golpiza, violación y, finalmente,  el estrangulamiento de la infortunada jovencita en presencia de al menos 21 integrantes. Tal fue la brutalidad que incluso tenía los brazos fracturados. Fue encontrada a los 4 días, pero no precisamente por la Policía, quienes, para variar no le creyeron a su madre cuando al día siguiente fue a denunciar su desaparición. El 31 de agosto de 2017 junto a otros cuatro miembros de la pandilla, Omar fue sentenciado a 30 años de presidio sin derecho a indulto. Hace tres semanas, el principal autor del feminicidio, gracias a la Vocal de la Sala Penal 1, Mirtha Mabel Montaño, salió de la cárcel tras pagar una fianza de 100 mil bolivianos y ya no se presentó a la audiencia virtual de amparo para revocar esta inédita libertad, ahora es uno de los prófugos más buscados por la Policía, incluso el primer mandatario ha instruido atender este bochorno. ¿Cómo después de casi cuatro años no se ha ejecutoriado dicha sentencia? La madre de la víctima, una mujer pobre y humilde, no ha cesado en exigir justicia, no lo ha logrado.

Quizás no sea el único ni el último caso, entre los más sonados está William Kushner en La Paz, por feminicidio cometido el 2015 fue sentenciado el 2020, pero salió a detención domiciliaria en diciembre de 2020. En Cochabamba, el “Choko Burger”, en octubre de 2020 también fue sentenciado a 30 años sin derecho a indulto por el feminicidio de su esposa, hoy cumple detención domiciliaria.

Al inicio de la gestión, el actual ministro de Justicia, Iván Lima, anunció la decisión gubernamental de abrir la Constitución para buscar una reforma judicial y para ello convocaba a un consejo de juristas notables, resultó ser más mediático que real; mientras tanto la sociedad no ha parado de peregrinar por justicia, se ha instrumentalizado la justicia a tal punto que el “abogado del diablo” Jhasmani Torrico, condenado por secuestro y conocido torturador para cobrar deudas, ejerce la profesión desde la cárcel; la autoridad dice que esta en su derecho. Pareciera un sistema que garantiza la impunidad de los delincuentes y los protege; un Estado que no administra justicia deja de tener raíz de un verdadero Estado.

Para tener una sentencia ejecutoriada se requieren por lo menos cinco años, la Ley 1173 deja vulnerables a las mujeres que denuncian. La presunción de inocencia está por encima de los derechos de las víctimas, ya que por matar o violar saldrás en libertad después de tres años como máximo, una sentencia en primera instancia no garantiza tu estadía en la cárcel. El tiempo de un proceso desgasta moral y económicamente a las victimas y sus familias; los administradores de justicia, priorizan los derechos de los agresores.

El problema irresuelto de la crisis judicial es de vieja data y el saldo negativo, nos deben una reforma de justicia integral, amplia y que incluya una mejor formación de abogados, jueces y fiscales, un transparente acceso a la justicia, calidad en los servicios de justicia, sencillez de procedimientos y desjudicialización de conflictos. No habrá soluciones a la crisis si no se respeta la independencia judicial que no es una concesión de la ley, es una conquista del propio juzgador, lo que requiere de alta formación y de honestidad. El 2015, la ministra de Justicia, Velasco del MAS diagnóstico “10 temas críticos” de la justicia boliviana y sus posibles soluciones. Ninguno se atendió, debe ser culpa del Imperio.

TIBURÓN

FERNANDO BERRÍOS

Politólogo

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