La primera elección con sufragio universal en Bolivia fue celebrada en 1956. Aquel año, se fundó la Corte Nacional Electoral y hasta 1985 su funcionamiento no era permanente, desde ese año funciona ininterrumpidamente. Desde su fundación estuvo sometida al gobierno y a los partidos políticos. En 1991, el sistema político acuerda conformar una CNE imparcial e independiente; desde 2007, el ahora denominado Tribunal Supremo Electoral, es capturado por el gobierno del MAS borrando su carácter autónomo e imparcial. 

La Unión Nacionalista del Pueblo de Juan Pereda Asbún, delfín de Hugo Banzer, "ganó" en los papeles las elecciones de 1978. Lo hizo con un fraude escandaloso; el número de votos terminó superando el número de votantes, las elecciones fueron anuladas.

En las elecciones de 1989, el ganador fue Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR, segundo Banzer de ADN y tercero el MIR con Jaime Paz Zamora, la democracia boliviana y el sistema democrático estuvieron a punto de colapsar. 'La banda de los cuatro', vocales de la CNE, fueron los responsables de manipular los resultados de aquellas elecciones, determinaron un "triple empate". Hubo anulación masiva de ánforas, alteración de resultados, arbitraria asignación parlamentaria, las minorías fueron borradas. Mauro Cuéllar Caballero, Jorge Torrico y Edmundo Aráoz de ADN, y Roger Pando del MIR fueron los protagonistas del escándalo. Paz Zamora terminó asumiendo la presidencia con el apoyo de ADN.

El TSE desconoció el referéndum del 21 de febrero de 2016 que impedía la reelección Evo Morales, habilitándolo a una cuarta postulación ignorando la Constitución y la normativa electoral.

Una auditoría pactada entre Morales y Luis Almagro, Secretario General de la OEA, con un equipo de 36 especialistas de 18 nacionalidades, estableció “acciones deliberadas” en las elecciones de Bolivia del 20 de octubre de 2019, que “hacen imposible validar los resultados”. Hubo una “manipulación dolosa” alterando actas, falsificación de firmas de jurados de mesas y en el conteo de los resultados. Se encontró dos servidores ocultos que no controlaba el TSE. El informe revela que “ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas”. Se verificó la construcción una estructura informática oculta y criminal, “con capacidad de modificar resultados electorales, así como borrar cualquier rastro de esta actividad”. El TSE estableció un sistema informático paralelo para introducir datos fraudulentos.

En noviembre de 2019, Salvador Romero volvió al ente electoral, había que reconstruir la credibilidad e institucionalidad del organismo luego del fraude. Fue un error, el TSE no emitió una resolución sobre la anulación de las elecciones, no aportó pruebas ni aclaró sobre las observaciones a esas elecciones. Por acuerdos políticos y a cambio de pacificar el país, no se eliminó la sigla al MAS. Romero negó una auditoria biométrica al padrón electoral y les mintió a los comités cívicos del país haciéndoles creer que podían auditar en cada departamento, solo les puso computadoras para consultar el registro de ciudadanos. 

La recolección de firmas para modificar la Constitución sobre la elección de magistrados, proceso que lastimosamente empezó muy tarde y que los tiempos procesales electorales no alcanzan para paralizar el proceso de las elecciones judiciales de octubre y menos cambiar su convocatoria, y aun realizando el referendo propuesto, los resultados obtenidos son aplicables recién para las próximas elecciones, ha recibido del presidente del TSE Hassenteufel una sentencia de muerte desahuciando el proceso. Esta actitud antidemocrática que se considera una falta grave lo obliga a renunciar. El árbitro le dijo a uno de los equipos, antes de empezar el partido, que iba a perder, increíble.

TIBURÓN

FERNANDO BERRÍOS

Politólogo

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