Hace casi un par de meses, un querido compañero de colegio me disparó: “Qué opinas de María Galindo”. Durante este espacio de tiempo he tratado de hacer un libreto que pudiera concentrar al personaje para más o menos tener una opinión. Es complicado ajustar un patrón a la diversidad que reúne la señora, se valora su capacidad de interpelación, pero a la vez irrita su falta de respeto cuando lo hace; en 2019 estuvo en el cabildo junto a líderes cívicos y políticos y ese 9 de noviembre sostenía en un tuit: “A las compañeras a nivel internacional: en Bolivia no hay golpe de Estado, hay desobediencia civil generalizada y motín policial para no reprimir a la gente…”. Pero, después escribió en su columna de Pagina Siete “Sedición en la Universidad Católica o cómo armaron el golpe los patriarcas”,  por la que fue censurada por el periódico. No aceptó ser parte del colectivo “Ni una menos” porque estaba compuesta por muchas compañeras y no solo por ella. Así es la dicotomía que rige su vida y puedo llenar la columna, pero siempre he creído que darle espacio es mucho premio. 

El recién estrenado tren metropolitano de Cochabamba fue objeto de vandalismo y se pintaron vagones; la doña dijo: “La población condena un grafiti, pero no a un senador violador ¿Y la coherencia?” "Mejor grafitear la Asamblea, pero el tren metropolitano ha quedado precioso y ahora es portador de un gran mensaje". Esa es “su coherencia” que ya fue sancionada cuando el Concejo Municipal de Potosí la declaró persona no grata por destacar en redes sociales grafitis pintados en edificios patrimoniales de Potosí con mensajes feministas. Lo demás es puro cuento.

Está establecido que la elección del (la) Defensor(a) del Pueblo le corresponde a la Asamblea Legislativa por 2/3 de votos de los presentes, una persona elegida con total independencia que pueda cumplir su misión de órgano de fiscalización y monitoreo del respeto y promoción de los derechos humanos. El viernes 23, se eligió a Pedro Callisaya Aro como nuevo Defensor del Pueblo con 95 de 97 votos de los legisladores presentes. En la agenda de la sesión no contemplada dicha elección, pero se aprobó por 2/3 de los presentes la modificación del orden del día como establece el Reglamento de Debates. Ese viernes, 34 senadores y diputados no asistieron a la sesión bicameral, 2 del MAS, 19 de Comunidad Ciudadana y 13 de Creemos. Carlos Mesa calificó como “ilegal” la modificación y Fernando Camacho manifestó que se trata de un “golpe a la democracia”, juzgando de ilegal la posesión de la nueva autoridad. La senadora opositora Centa Rek habló de arbitrariedades en la sesión plenaria y lamentó que el oficialismo responsabilice a la oposición por el nombramiento. Dijo que era imposible habilitar a sus suplentes y curiosamente defendió su derecho a participar en actos conmemorativos de sus regiones. Si los asambleístas del MAS no me representan, los fiesteros de la oposición menos, algo hemos hecho mal para merecernos esto.

Por último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado es responsable por "graves violaciones de derechos" de cinco acusados en el polémico caso de supuesto terrorismo en 2009. Analistas advierten que el Gobierno está en la obligación de acatar la exhortación sin que el informe sea vinculante, pues de lo contrario agravaría la situación para el Estado, más aún cuando se tienen plenamente identificados a los culpables. Desde el Gobierno se advierte que, al no ser un fallo de la CIDH, el país no está obligado a seguir las recomendaciones, lo que pone a Bolivia en la antesala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que juzgará al Estado boliviano y no al Gobierno del líder del MAS. Muy sugestiva la filtración del informe desde el Gobierno, precisamente cuando la lucha interna es cada vez más virulenta.

TIBURÓN

FERNANDO BERRÍOS

Politólogo

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