La cultura del “le meto nomás ”
La mal llamada clase política boliviana una vez más fracasa para cumplir su obligación de acordar y elegir un nuevo Defensor del Pueblo y Contralor General del Estado. Desde el gobierno de Evo, el oficialismo está acostumbrado a usar su mayoría y los del frente pareciera que solo se conforman con oponerse y listo; no se encuentran soluciones y el único perjudicado, como siempre, es el ciudadano.
No existe capacidad para hacer su trabajo y dotarle de institucionalidad al Estado; bajo ese pretexto se quiere atribuir a otro órgano la capacidad de designación, como si se tratara de meterle nomás por decreto, todo bajo consideraciones de emergencia. Ese exabrupto jurídico está sencilla y expresamente prohibido por la lógica de la Constitución Política del Estado, que define taxativamente la separación y coordinación de poderes, que declara y no permite el avasallamiento y concentración de competencias y poderes; así definen cláusulas constitucionales expresas: Art. 12 párrafo III: “Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”; Art. 140 reitera: “I. Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional ni ningún otro órgano institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase podrán conceder a órgano o persona alguna facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en esta Constitución. II. No podrá acumularse el Poder Público, ni otorgarse supremacía por los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución queden a merced de órgano o persona alguna”. Otorgando expresamente tal competencia al Legislativo, ni siquiera bajo pretexto de incapacidad, necesidad o emergencia, se podría atribuir a otro órgano no competente el cumplimiento de ese encargo.
En todos los años de democracia contemporánea existieron bullados casos de abuso de poder desde el Ejecutivo, claro que sí, pero nunca en la dimensión y frecuencia como los que vivimos ahora. Nuestra sociedad tiene historia de haber soportado auténticas dictaduras, con hechos de brutalidad y por ello es que la libertad no tiene precio, pero permite el disenso.
No podemos seguir en la lógica de que siempre fue así, no se puede concebir un estado de derecho bajo la premisa del meterle nomás sin respetar reglas ni acuerdos democráticos.
Desde el gobierno de Melgarejo, que fue el campeón del irrespeto al texto constitucional, no hubo ostentación comparable con la cultura del “le meto nomás”. El sistema presidencialista no sirve de pretexto para el carácter despótico de este gobierno, se vale de operadores de represión ante una oposición dispersa más preocupada en defenderse que en fiscalizar. Estos operadores no tienen atribuciones para ser verdugos, no pueden sentenciar en contra de la Constitución, el fin de la democracia.
El inmenso exabrupto inconstitucional no puede ni debe quedar como otro chiste de mal gusto, más allá de algunos juristas siempre listos a bendecir estos mamarrachos jurídicos cumpliendo las órdenes recibidas a cambio de impunidad o sobrevivencia. Lo peor de todo es que ante esa inocultable incapacidad, la amenaza con meterle nomás por decreto y elegir a los suyos, es el ensayo de las que vienen nuevos altos cargos cuyos candidatos también deben elegirse por dos tercios.
Hay ostensible cinismo cuando se pretende cambiar las reglas. No hay reglamento procedimental que pueda cambiar eso, no olvidamos la más grosera vulneración efectuada en estos casi 40 años de democracia, el desconocimiento del 21F, que no tiene paralelo en la historia mundial del orden democrático. Sencillamente fue un crimen de lesa democracia, así como la transgresión a la Constitución vigente para lograr el tercer mandato de Evo y luego forzar un intento por el cuarto periodo con fraude incluido. Mientras, internamente, Choquehuanca le está metiendo nomás.
TIBURÓN
FERNANDO BERRÍOS
Politólogo