“Frente al drama de la impunidad se suman la falta de resultados efectivos, frente a graves violaciones de derechos humanos. Aún estamos a tiempo para resarcir este error jurídico e histórico que puede dañar todavía más a la democracia boliviana”, manifestó García-Sayán relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados luego de conocerse por boca de Evo que llevar a Jeanine Áñez a un juicio por la vía ordinaria fue una decisión tomada en una reunión política, entre la cúpula del partido, el presidente y por él mismo, decisión que el Poder Judicial cumplió obedientemente. El exministro Romero, en una entrevista en una prestigiosa emisora, confirmó aquello y fue más allá al sostener que no llevaron a la expresidenta a un juicio de responsabilidades porque no contaban con los dos tercios que requerían en la Asamblea Legislativa. García-Sayán sostiene que todos los presidentes, independientemente de la forma en que llegaron al poder, tienen derecho a un juicio de responsabilidades.

La justicia boliviana tiene serios problemas para ocultar o disimular su docilidad y sometimiento al poder político, el Gobierno no guarda nada para proteger sus intereses. La sentencia a Áñez, a través de imponer y posicionar una narrativa mentirosa sobre los hechos de 2019, escapa a cualquier contexto jurídico y político. Este error jurídico e histórico no solamente hace daño a la institucionalidad e independencia de poderes, daña la democracia boliviana, hiere a la sociedad y compromete la imagen del Estado, ahora muy cuestionada por la comunidad internacional a raíz del fallo. No se trata de ignorar las violaciones cometidas en ese periodo o de salvar a Jeanine, no se pueden seguir vulnerando los principios en los que se asienta el Estado de Derecho que está por encima de todo. Ojalá que estemos a tiempo de reencaminarnos. 

En febrero de este año, García-Sayán visitó el país para evaluar la situación de la justicia. “Si no hubiera cuestionamientos a la independencia judicial, yo no estaría aquí”, afirmó aquella ocasión. El MAS aplaudió que el jurista haya “pedido celeridad en la justicia para las víctimas de la violencia política atribuidas a Áñez, lamentando que “hayan pasado más de dos años esperando justicia”. Sin embargo, ahora que el mismo representante se pronuncia sobre el sometimiento de la justicia a las decisiones políticas y sugiere oficialmente que se reconsidere la posibilidad de reencausar el proceso contra Áñez por la vía constitucional, que en otras palabras es anular este juicio e iniciar otro de responsabilidades, el oficialismo rechaza aquello, se siente ofendido y pide al jurista respetar la “independencia” de la justicia boliviana. Evo lo acusa de convertirse en protector de los enemigos históricos del pueblo que masacraron a los hermanos indígenas; dijo que los golpistas tienen sus abogados y no necesitan un defensor en la ONU. Claramente, Evo y el Gobierno quieren un observador que mire hacia otro lado cuando hubo actos de vulneración de derechos de la exmandataria.

Las Naciones Unidas observa la acusación de tipo penal del incumplimiento de deberes por no estar adecuado a los convenios internacionales de derechos humanos; desequilibrio en el proceso porque existían muchos acusadores del Gobierno y de la Fiscalía; acumulación de detenciones preventivas que mantuvieron a Áñez presa por un año y tres meses antes de la sentencia. Ha aclarado que, sin referirse al fondo del juicio, queda plenamente establecido que el debido proceso no se ha cumplido. Por último, ha hecho saber que hizo seguimiento al caso a pedido de las autoridades. Ahora el Gobierno ignora las observaciones.

Parece que el Gobierno se ha puesto la soga al cuello, no sé si es bueno apretarla o no, pero que no nos distraiga el nuevo laberinto policial.

TIBURÓN

FERNANDO BERRÍOS

Politólogo

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