Cierto día pregunté a un policía que custodiaba una institución en la que trabajé, cómo era que resolvían hechos delictivos y por qué algunos se solucionaban muy rápido y otros simplemente pasaban a la historia sin solución. La respuesta fue muy simple, me dijo que la vida en el mundo del hampa tiene mucho de envidia y lo que más abunda es el chivatazo, y “gracias a eso nosotros, la policía, logramos conocer y resolver muchos casos; no es que seamos unos capos en investigación ni mucho menos, nuestra primera herramienta son los mismos delincuentes a quienes conocemos muy bien y por lo tanto explotamos”.

Cuando el gobierno eliminó Identificaciones de la Policía y creó el SEGIP, se confirmó que aquella institución era una máquina de hacer dinero vía extorsión a la ciudadanía y que lo recaudado ilícitamente equivalía a la planilla nacional de los maestros. Así de simple. 

Recuerdo estas dos situaciones en particular a raíz de las declaraciones del comandante de la institución verde olivo, general Jhonny Aguilera, quien dijo que “la Policía Boliviana es mejor que el FBI”. “La Policía Boliviana tiene talento, tiene voluntad, tiene formación. Lo que estamos haciendo ahora, es readecuarnos a las nuevas formas de criminalidad, la criminalidad avanza día a día y la Policía también”. Esta última frase parece una sentencia, la Policía no puede quedarse en rezago y está al día en criminalidad y, lo que es peor, la ejerce. El interés que podría tener el gobierno por combatir la corrupción, parece no existir, de hecho, su permanencia en el poder se debe en gran medida a ésta. Las consideraciones sobre la corrupción y los derechos humanos no pueden ser tratadas de manera independiente, son piezas claves para hablar de democracia y está claro que la corrupción afecta la integralidad de los derechos humanos. Para colmo de males, para combatir la corrupción se necesita de un sistema judicial independiente que no lo tenemos, por tanto, cuando se atenta desde sus inicios contra los derechos civiles y políticos, se está favoreciendo un clima propicio para una corrupción a gran escala que impactará la garantía de los derechos económicos y sociales, lo que hace que el Estado se vea como uno fallido. ¡Vaya herencia que nos han dejado Evo y sus muchachos! 

Nunca sabremos ni tendremos rastros del daño económico que sufre el país por todos los actos de corrupción, sin embargo, esto es solo una parte de las grandes lagunas en el análisis, la ausencia de datos, lo cual es política oficial, no permite conocer con exactitud la magnitud del desfalco al país. La impunidad generalizada y la concentración del control sobre las instituciones han generado las condiciones favorables para una corrupción en grande. Al hacer visibles las redes de corrupción, es necesario admitir que lamentablemente el sistema de protección que están hechos para el fortalecimiento de las democracias, ya no le sirven a la sociedad. Si el que debe protegerme me asalta a la medianoche bajo el pretexto de control policial, estamos indefensos, hemos tocado fondo. Cuando la garantía de mis derechos se encuentra totalmente degradada y las condiciones de supervivencia se ven seriamente afectadas por el sistema mismo, es urgente que el gobierno se concentre en temas estructurales, para eso están, para eso fueron elegidos.

Qué bueno sería retomar la enseñanza de que la puntualidad, el esfuerzo en el trabajo y la honestidad son clave para el desarrollo personal y del país. ¿Acaso nos enseñan por qué debemos respetar y hacer respetar las leyes y lo fundamental que es para nuestro progreso? ¿Acaso promueven en los colegios la unión de los bolivianos para alcanzar nuestras metas? ¿Por qué el beneficio personal se antepone, casi sin excepción, al bien común? Menos mal que a mi edad todavía puedo ser dirigente universitario.

TIBURÓN

FERNANDO BERRÍOS

Politólogo

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