La clausura del año escolar es una medida extrema en situaciones complejas en las que el Estado ha sido rebasado en su capacidad de gestión y sostenimiento. Las consecuencias son múltiples afectando a varios sectores. El argumento central de la medida es la carencia de servicio de  internet en las áreas rurales para la atención con la con educación virtual, lo cual suena contradictorio frente al esfuerzo que el Ministerio de Educación realizó mediante un reglamento general de atención con la educación presencial, mixta, virtual y a distancias, aprobada a través del Decreto Supremo N° 4260, de 6 de junio de 2020,

El argumento del Ministro de la Presidencia, en ausencia del Ministro del Educación, no parece ser tan consistente, ya que según el INE más del 60% de la población boliviana reside en las áreas urbanas del país, en este sentido, en el poco tiempo que se aplicó la educación virtual fueron padres de familia que hicieron esfuerzos para cumplir con las necesidades de conectividad al internet.

Ningún país de la región ha procedido a clausurar el año escolar, porque se considera que la educación es un derecho humano fundamental, es decir, ningún Estado se puede negar a propiciar una formación escolarizada adecuada para su niñez y juventud. De igual manera, nuestra Constitución Política del Estado en su Art. 77, parágrafo I, declara que “La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarl”. Por todo ello, clausurar el año escolar es un atentado a los derechos fundamentales  de la población en edad escolar y a la vez es un incumplimiento al mandato constitucional e incumplimiento de deberes por parte de las autoridades educativas en todos sus niveles de responsabilidad.

Según los argumentos del Ministro de la Presidencia y de la propia Presidenta, la clausura es para resguardar la salud de los bolivianos y es con promoción automática al curso inmediato superior, lo cual parece un argumento político a fin de evitar los reclamos de los padres de familia y estudiantes para no ser perjudicados en el curso del sistema educativo, sin embargo, es totalmente contradictorio con la calidad de la educación, que tanto se ha criticado en comparación con la calidad educativa de los países de la región y de Europa. No nos imaginamos la calidad de bachilleres promocionados con un año menos de formación escolar, más aún no es posible imaginar la promoción de los niños de primer año de primaria promocionados a segundo con escasas competencias lectoras y menos o casi nada de producción escrita. La medida de la clausura no contribuye a mejorar la calidad educativa, sino más bien la empeora, generado mayor brecha educativa entre sectores sociales del país, pero más lo grave es que esta vez es propiciada desde el mismo Estado.

Para nadie es desconocida la compleja situación educativa boliviana por todas las carencias de infraestructura, acceso al internet y la falta de gestión conjunta entre el Estado y las empresas de telecomunicación estatal y privadas, pero una clausura sin el intento de haberlas puesto en práctica las modalidades propuestas por el Ministerio de Educación es una medida precipitada que empeora la crisis educativa, atentado a los derechos de los niños y jóvenes, ya que ninguna formación complementaria, tal como plantea el Ministro de la Presidencia, suple a un proceso sistemático de una gestión escolar.

Evangelino Muñoz Cardozo

Psicólogo

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