El 11 de julio de 2018, se promulga la Ley Nro. 1080 de “Ciudadanía Digital”, que tiene por objeto “establecer las condiciones y responsabilidades para el acceso pleno y ejercicio de la Ciudadanía Digital, siendo aplicable a todos los ciudadanos y entidades públicas y privadas que presten servicios delegados por el Estado”.

Recordemos que la Ciudadanía Digital es el ejercicio de los derechos y obligaciones a través del uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs) que permite interactuar a las personas con instituciones, ya sean públicas o privadas, que presten servicios delegados por el Estado y que, además, posibilita prescindir de la presencia física de las personas, así como de los documentos en papel, requeridos para un trámite.

En ese sentido, vemos que la Ciudadanía Digital y, más aún la promulgación de una ley relacionada, son elementos muy importantes para lograr transparentar, sistematizar y agilizar los variados trámites que el ciudadano de a pie debe realizar periódicamente y, que en muchos casos, se vuelven un auténtico vía crucis debido a la burocracia y trabas existentes hoy en día.

Lastimosamente, desde la promulgación de la Ley 1080, son muy pocas las entidades, tanto públicas como privadas, que han implementado dicho mecanismo para que permita, aunque parezca exagerado decirlo, mejorar la calidad de vida de los bolivianos. Sin embargo, durante las últimas semanas el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) ha venido anunciando que desde el 10 de junio del presente año, dentro de la operativa del Sistema de Gestión Pública (SIGEP), entra en vigencia la modalidad de Pago Electrónico para las entidades de la administración territorial y universidades públicas. Lo llamativo de esto es que, según lo informado por el MEFP, como parte del proceso de pago electrónico, las personas habilitadas para realizar la autorización de dichos pagos, ya pueden hacerlo utilizando Ciudadanía Digital.

Asimismo, se ha podido evidenciar que para conectarse al SIGEP y al Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), en vez de usar el usuario y contraseña propios del sistema, también el usuario tiene la opción de conectarse utilizando Ciudadanía Digital. En ese sentido, y aunque parezcan implementaciones no muy relevantes debido al universo de personas que benefician, este debe ser el camino a seguir y ojalá veamos en un corto plazo más procesos dentro del SIGEP y el Sicoes que implementen la Ciudadanía Digital y más aún, veamos más instituciones estatales y privadas que utilicen dicho procedimiento que permita facilitar y agilizar los trámites para el beneficio de la sociedad en su conjunto.

FORO

Ernesto Maldonado V.

Economista

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