Lo que nos queda
Cada año batimos un nuevo récord de áreas incendiadas y taladas en alguna parte del mundo y Bolivia no es extraña a esa figura. El grado de devastación de los bosques de la Chiquitanía y Amazonía el año pasado estuvo al nivel de desastres europeos y australianos, y las talas a nivel de los países que más bosque pierden por esa causa. Para ninguno de estos dos flagelos existen estudios nacionales profundos que den una pauta de las tasas de regeneración de los ecosistemas afectados o si son del todo recuperables.
Ahora existen metodologías de detección de incendios con base en tecnología satelital, tal es el caso del Sistema de Alerta Temprana de Riesgos de Incendios Forestales-SATRIFO, gerenciado por A. Rodríguez de la Fundación Amigos de la Naturaleza-FAN. Para cada año se reporta también la extensión del tipo de vegetación quemada, dando una idea del grado de afectación del territorio nacional. Los datos muestran que el país ha perdido vegetación en un área equivalente a un 30% de su territorio en tan solo el periodo 2000-2013 (FAN, 2014). Como sabemos, en los últimos 7 años la pérdida ha sido mucho más dramática.
Lo mismo sucede con la tala, hay registros de su extensión y algunos estudios de las especies o formaciones vegetales afectadas, aunque con consecuencias superficialmente consideradas, que nos posibilitan ver tendencias, pero no el tener datos reales que permitan medidas de control, prevención y manejo.
El registro histórico muestra que el país ha perdido un 6% de sus bosques por tala y que tiene una tasa de deforestación 20 veces mayor al promedio mundial (CEJIS, 2019).
Lo que no existe es un registro de las pérdidas de otros organismos (por ejemplo, hongos y microorganismos en general) que son parte de la biodiversidad del país y que brindan una multiplicidad de servicios ecosistémicos y ambientales. Tampoco existe un registro de la pérdida de conectividad biológica en las áreas afectadas, del tamaño de lo que ha quedado intacto, o la medida en la que un ecosistema en particular haya quedado representado en lo que no ha sido quemado o talado. Estos son solo algunos de los aspectos cruciales necesarios para determinar la viabilidad futura de las áreas afectadas.
Toda esta información debe ser recabada por universidades y de manera sistemática y científica, pero el liderazgo le corresponde al Gobierno a fin de salvaguardar la aptitud productiva del país. Es interesante que los partidos políticos dejen entrever que sus programas económicos estén basados en la continuidad de la explotación de recursos naturales (gas, petróleo, minerales, madera, etc.), pero que no presenten datos sobre el estado actual de los mismos y cuánto nos pueden durar. Por supuesto, ninguno de ellos habla seriamente de programas de conservación de esos recursos.
La manipulación política, también en este aspecto, es en verdad lacerante para el país. No tenemos ni la más remota idea de si lo que nos ofrecen los políticos es real y tampoco sabemos si sus programas económicos son inocuos para nuestros hijos y el futuro del país. En estas condiciones, estamos nuevamente condenados a votar a ciegas en las elecciones del 18 de octubre y ahora bajo riesgo de morir por contagio de la COVID-19.
EDUARDO MORALES
Ph. D., docente de la Universidad Évora, Portugal