Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 24 de junio de 2021
  • Actualizado 18:02
Las recientes polémicas sobre sustancias y medicinas utilizadas sin aval científico contra la COVID-19 desvelan la carencia de educación científica en nuestra sociedad, aquella educación de la que ningún gobierno se acuerda.
La ausencia de razonamiento científico básico llega al punto que estamentos de la sociedad, como muchos comunicadores y periodistas, descalifican la ciencia hallando bases suficientes en testimonios y casos bizarros, muy parecidos a montajes de tinte ocultista; brujería ante la que sucumben aquellos acongojados por la desesperación de no poder aliviar su situación o la de sus seres queridos.
Vale todo, hacer noticia a como dé lugar. En el tratamiento del caso del dióxido de cloro, por ejemplo, no hay diferencia alguna entre los medios de mayor reputación y los tabloides, no validan la información ni las fuentes, convirtiéndose en meros vehículos de transmisión de lo que aparezca como noticia potencial. Este periodismo “light” es una forma perversa y mórbida de entretenimiento que genera pánico en el público. Las redes sociales son peores. Por ellas circulan corrientes de diversas intenciones, incluso aquellas de grupos organizados, pero también carentes de contexto científico.
En este trasfondo, el lector científicamente ignaro no encuentra una guía, una interpretación que le dé seguridad, o una postura firme que le ayude a tomar decisiones y paliar los efectos de la enfermedad.
Pero, también, el Gobierno en sus instancias nacionales y departamentales maneja la situación con una liviandad pasmosa. Un recuento de profesiones entre las autoridades no arroja ni siquiera un mínimo de personas idóneamente versadas en ciencia, sea por título o por afición. Incluso el tristemente célebre Comité Científico está compuesto por seis médicos y una economista (ninguno científico), un médico “todólogo” que habla desde pandemias hasta cambio climático, y un biólogo que por ego e inexperiencia en gestión ha tenido una participación un poco más que desastrosa.
Ha sido el dióxido de cloro el que ha evidenciado la incapacidad del comité, que a pesar de tener una postura en contra, no ha construido argumentos ni lenguaje inteligibles contra la ingesta del químico. Los medios dieron cobertura al comité, pero su capacidad de disuasión fue magra, haciendo el ridículo ante cámaras e inclinando la balanza hacia el desacato generalizado de la prohibición del uso y distribución de la sustancia por parte del Ministerio de Salud.
La Ministra de Salud reporta que ya hay intoxicados y decesos por dióxido de cloro. Varios ministros amenazan con enjuiciar a quienes promuevan el uso del compuesto, pero por alguna razón la justicia no puede sancionar a médicos y curanderos aficionados, que en franca oposición a la Ley 1737, hacen campañas de curación con dióxido de cloro. Para rematar, en redes sociales corre la idea de que uno es libre de ingerir lo que quiera, sin observar el ilícito en el que incurre si ingiere una sustancia o medicamento que está prohibido por ley.
La Cámara de Senadores del Legislativo y la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, secuestradas por el masismo, intentan ahora aprobar el uso y distribución del dióxido de cloro, pero esa ya es harina de otro costal. ¡Qué desamparados estamos!

EDUARDO MORALES
Ph. D., docente de la Universidad Évora, Portugal
[email protected]

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