Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 06 de agosto de 2020
  • Actualizado 17:47

La vivienda social en entredicho

La vivienda social en entredicho

La construcción de viviendas sociales no beneficia a quienes realmente las necesitan y muchas se construyeron en lugares inadecuados, según las denuncias que surgieron en los últimos días, una de ellas de parte del ministro de Obras Públicas, Iván Arias.

La denuncia señala que militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), que no requerían viviendas sociales, recibieron este beneficio, tan solo por apoyar a este partido. Además, se construyeron casas en haciendas particulares y otras fueron edificadas en lugares inapropiados y con costos fuera del alcance de  quienes menos recursos tienen.

Si bien el programa de vivienda social es muy importante, y una obligación del Gobierno de turno, al parecer el que se implementó en los últimos años no ha cumplido a cabalidad su cometido, porque no llegó a quienes debería.

El actual programa de vivienda social fue implementado en el Gobierno de Evo Morales en la gestión 2006, y una vez que la presidenta Jeanine Áñez asumió el Gobierno, el 12 de noviembre pasado, se develaron varias irregularidades.

Este Gobierno transitorio y el que sea elegido el próximo 3 de mayo deberán volver a encauzar los objetivos de este programa que tiene el noble objetivo de dotar de un techo propio a las miles de familias en el país que no tienen suficientes ingresos para obtener un crédito de la banca y se resignan a peregrinar durante años por casas de alquiler.

Un proyecto grande en el que se encontraron irregularidades es el de la ex Villa Suramericana, en la zona de la Tamborada, porque los departamentos no cuentan con papeles y el Ministerio de Obras Públicas consideró, después de una inspección, que el precio es elevado y poco accesible para quienes debería beneficiar.

“El costo de una vivienda social es de 52.000 dólares, algo inviable. Son precios altos y muy poca gente puede acceder a ella”, señaló Arias el pasado 29 de diciembre, tras una inspección a la zona de la Tamborada, al sur de la ciudad.

En el país hay miles de familias que podrían beneficiarse con las viviendas que se han construido con este programa, pero las autoridades actuales deberán, a la brevedad posible, enmendar los errores que se han cometido y hacer más accesibles los precios.

Es obligación del Estado, y del Gobierno como administrador, velar por los más vulnerables, otorgando viviendas, con facilidades  a todos los que se pueda, para que el índice de pobreza baje. 

Estos proyectos deberán contar con los servicios básicos fundamentales y las viviendas ser dignas para ser habitadas por los que se vayan a beneficiar.