La violencia contra las mujeres no cesa en el país. Las niñas, jóvenes y hasta adultas mayores son el blanco de los agresores que no tienen ningún reparo en maltratarlas física, sexual y sicológicamente ante la indiferente mirada de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, que muy poco hicieron para frenar ese flagelo que avanza a pasos agigantados.

Solo en fechas conmemorativas, como la que se recordó miércoles, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como por arte de magia los gobernantes aparecen con sendos mensajes a favor de las mujeres y en rechazo de cualquier forma de violencia contra ellas, pero, el resto del año permanecen tranquilos como si este problema fuera uno más. Solo se “activan” cuando de por medio hay presión de familiares y plataformas que piden justicia a gritos.

Bolivia tiene normas que, incluso, son vanguardia en Sudamérica en temática de protección del sector femenino. Sin embargo, aún no son aplicadas de forma integral y correcta, porque algunos administradores de justicia no terminan de entenderlas en toda su dimensión. Solo a modo de ejemplo,  la Ley 348 muchas veces no es interpretada adecuadamente cuando un agresor mata a una mujer, en muchos de los casos suelen tipificar el crimen como asesinato cuando en realidad debería ser tratado como un feminicidio, delito que tiene una pena privativa de libertad de 30 años. 

La expresidenta Jeanine Áñez, el 6 de febrero, dijo que su gobierno “lucharía frontalmente contra la violencia hacía las mujeres y niños”, pero todo quedó en buenas intenciones. 

Un reporte del Ministerio Público da cuenta que entre enero y noviembre se reportaron 104 casos de feminicidio en el país. En los últimos cinco años, la cantidad estuvo por encima de 100 al año: 110 en 2015, 111 en 2016, 119 en 2017, 128 en 2018 y 117 en 2019. Esas cifras no solo son números, son vidas y hogares destruidos e hijos que se quedan solos en el mundo y terminan con familiares que, en muchos de los casos, no les ofrecen amor y cuidados o acaban en hogares de acogida.

El gobierno informó que una mujer muere cada 72 horas a manos de su pareja, dato sin duda alarmante.

El presidente Luis Arce Catacora dijo que su “gobierno será implacable” contra este problema estructural que aqueja a la sociedad y como primera señal ha aprobado dos decretos. Además, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anunció la revisión de la Ley 348 para su perfeccionamiento. Ambas medidas parecen interesantes, pero, aún no son suficientes.

Las mujeres son la base de la familia, por lo que las autoridades de todos los niveles deben aunar esfuerzos para implementar políticas destinadas a frenar cualquier forma de violencia contra ellas. Asimismo, es imprescindible que dispongan de un presupuesto especial y sostenido para aplicar todas las acciones.

Feminicidios

En los últimos cinco años, la cantidad estuvo por encima de 100 al año: 110 en 2015, 111 en 2016, 119 en 2017, 128 en 2018 y 117 en 2019.