En los últimos días, los casos de COVID-19 se incrementaron en el país, situación que enciende las alarmas y las autoridades ya manifiestan cierta preocupación. Si se diera un rebrote, como está sucediendo en varios países de Europa, Bolivia no estaría en condiciones de hacer frente.

El jueves, el Ministerio de Salud reportó 192 casos positivos y el total subió a 145.186 contagiados en todo el país, mientras que el número de fallecidos llegó a 8.982; Santa Cruz continúa siendo el departamento con más casos de personas que contrajeron el mortal virus desde el 10 de marzo.

Todos los países del mundo están a la espera de que las vacunas sean certificadas y comiencen a ser comercializadas, ya que es la única forma de inmunizar a la humanidad contra esa letal enfermedad.

Las autoridades gubernamentales de Bolivia han anunciado que esperan disponer de al menos 3 millones de dosis que serían aplicadas el próximo año en tres fases. El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, informó que la primera fase considerará a la población más expuesta, que sería alrededor del 6%, lo que representa unos 650.000 ciudadanos; la segunda será el 20%, que es alrededor de 2.3 millones de personas, y después el resto de los bolivianos.

Considerando las dificultades que tiene el país para atender a los pacientes con coronavirus, debido a la carencia la infraestructura, equipos, insumos y personal suficiente, lo más alentador, por decirlo menos, es que lleguen las vacunas en el menor tiempo posible. Pero, también hay que ser realistas, muchas naciones desarrolladas y que tienen mejores posibilidades económicas serán las primeras en beneficiarse con el antídoto para frenar la propagación del virus.

Sin embargo, es bueno destacar las gestiones que está realizando el propio presidente Luis Arce, quien durante su participación en la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU, “Unidos contra el COVID” dijo que Bolivia "hace todos los esfuerzos" para conseguir la vacuna.

El otro aspecto positivo es que las vacunas serán colocadas de forma gratuita, ya que los costos serán asumidos por el gobierno. Aún no se ha definido de qué laboratorio serán adquiridas, pero ya se dieron acercamientos con representantes de AstraZeneca, la rusa Sputnik V, Moderna, Pfiezer, entre otros.

La salud es un derecho que está en la Constitución Política del Estado y los gobernantes tienen que hacer lo imposible, en este caso, para que todos los bolivianos sean inmunizados y en el menor tiempo posible, porque es la única forma de preservar la vida de las más de 11 millones de personas que habitan en todo el territorio nacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha convocado a los laboratorios que no se aprovechen de la situación para lucrar con la salud y la vida de los seres humanos, mientras que a los gobernantes les ha pedido que gestionen la vacuna para pobres y ricos.