Ocupar los primeros sitios en una actividad es, casi siempre, un motivo de satisfacción, pero en algunos casos es todo lo contrario, un pretexto para reflexionar sobre qué se está haciendo mal y cómo se puede encarar una solución para restablecer el orden.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia informó en los últimos días que Cochabamba ocupa el nada honroso tercer lugar en lo que se refiere a la comisión de delitos por parte de la población adolescente en el ámbito nacional.

El informe de la Defensoría puntualiza que los grupos etarios con mayor implicación en hechos delictivos son los adolescentes de entre 14 y 18 años, y que los delitos más cometidos son contra la propiedad, contra la libertad sexual, la vida y la identidad corporal.

Y toda vez que ya se tiene este diagnóstico nada halagador, la prioridad es trabajar en la planificación e implementación de proyectos para evitar, o por lo menos disminuir, los casos de delincuencia juvenil. En esta tarea deben estar involucradas, necesariamente, todas las personas e instituciones de Cochabamba, porque se trata de un tema que incumbe a la sociedad en general.

Como punto de partida, es importante tener en cuenta que una adecuada formación en los hogares es esencial, porque en este reducto se adquieren los valores de solidaridad y empatía, entre otros, que sirven para que las personas sean respetuosas con la propiedad ajena y, lo más importante, con el prójimo.

La escuela es también otro espacio en el que los maestros tienen la misión de reforzar los valores aprendidos en el hogar, con el fin de que los niños y adolescentes respeten a sus iguales y colaboren con ellos.

Desde hace algunos años se ha venido repitiendo que los delitos son cometidos por personas cada vez más jóvenes y en forma más violenta. Eso sucede porque, lamentablemente, se naturaliza la violencia y se pierden los valores de honradez, respeto, solidaridad y empatía.

Asimismo, las instituciones públicas y las empresas privadas tienen un rol preponderante en la búsqueda de soluciones a este problema que afecta a todos y que deriva en consecuencias como el consumo de drogas, la deserción escolar y la desestructuración familiar.

Una meta que se han planteado las instituciones públicas y privadas es construir un plan integral para reducir el índice de delitos que se cometen cada día, tomando en cuenta a todos los actores de la sociedad, desde la familia, el sistema escolar, las entidades públicas y privadas.

Se repite en forma insistente que los niños y adolescentes son el presente del país, por lo que se debería invertir todos los recursos disponibles para encaminar los pasos de esta población, con hechos concretos y no solo con palabras que se diluyen con el tiempo.