La explosión de una granada de gas, activada por personas que, aparentemente, pretenden perpetuarse en cargos dirigenciales dentro de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí ocasionó una avalancha durante una asamblea estudiantil, que derivó en la muerte de varias universitarias.

Las investigaciones de la Policía dan cuenta de que una persona habría activado una granada de gas en el coliseo en el que se realizaba la asamblea para aprobar la convocatoria a elecciones de la Federación Universitaria Local, lo que originó pánico en los participantes.

La persona que activó la granada de gas, que fue ya identificada y aprehendida por la Policía, procedió en forma tan irracional (o delincuencial) que no midió las consecuencias de su acto, que en este caso se salda hasta el momento con al menos cuatro universitarias fallecidas y más de 70 heridos, algunos de tal gravedad que se encuentran en terapia intensiva.

Es de conocimiento público que los dirigentes en las universidades públicas manejan grandes cantidades de dinero, así como cuotas de poder político, motivos por los cuales se disputan a capa y espada cada cargo disponible.

Sin embargo, no se puede llevar esta angurria de poder al extremo de provocar situaciones como las de la universidad de Potosí, con la consecuente muerte de jóvenes cuyo único objetivo era seguir una carrera.

Un hecho similar ocurrió hace poco más de un año y dos meses en la Universidad Pública de El Alto, cuando durante una asamblea que fue impuesta por algunos dirigentes una baranda de seguridad cedió y cayeron al vacío 11 estudiantes, siete de los cuales murieron.

En el caso reciente de Potosí, las personas que fueron aprehendidas por haber participado aparentemente en este atentado público contra la vida de los universitarios tendrán que ser investigadas y, en su caso, procesadas hasta que se dictamine el fallo correspondiente.

Para evitar que se susciten otras tragedias, se tendrá que supervisar con más rigurosidad este tipo de eventos que se realizan en las universidades públicas del país que, dicho sea de paso, gozan de la autonomía, un derecho que es cuestionado por algunos sectores de la población porque, a su parecer, da pie a que estas entidades académicas no rindan cuentas a nadie.

Para empezar, si se realiza una asamblea de forma presencial, además de las medidas de bioseguridad por la pandemia, debería asegurarse que el lugar sea del tamaño suficiente para albergar a cientos de estudiantes, que cuente con las salidas de escape amplias, además de tener los extintores de rigor, en caso de incendio.

Y, lo más importante, es que se fiscalice cuánto dinero manejan las dirigencias universitarias, en qué se invierte y de dónde provienen los recursos, todo con el fin de transparentar este tema y evitar pugnas que pueden derivar en tragedias.