El tráfico de tierras sigue siendo un negocio bastante lucrativo para algunos grupos delincuenciales, que deriva en duros enfrentamientos con personas heridas o fallecidas.

Los enfrentamientos en torno a la propiedad de la tierra se desatan en diferentes regiones del país, unos que tratan de apoderarse de lo que no les corresponde y otros que defienden, a cualquier precio, la propiedad que aseguran haber obtenido en forma legal.

La localidad de Sorata, en La Paz, fue escenario de una pelea por tierras, el pasado jueves, con un saldo de dos muertos y varios heridos. La presencia de la Policía logró calmar los exaltados ánimos de dos grupos de comunarios que se disputan un territorio, según Página Siete.

El avasallamiento de tierras, bastante frecuente en el país, tiene dos detonantes. El primero, la ambición de mafias organizadas que se apoderan de terrenos que no les pertenecen, como una plaga que nadie puede detener, hasta ahora. Y el segundo, debido a que algunos territorios no están debidamente saneados, situación que es aprovechada para que gente inescrupulosa intente tomar posesión de ellos.

En ambos casos, el Estado, mediante las autoridades locales, departamentales y nacionales, debe hacer cumplir la ley. Los gobiernos, en sus diferentes niveles, tienen la obligación de identificar a los delincuentes que se apoderan de bienes ajenos, aprehenderlos, procesarlos y, si corresponde, encarcelarlos.

Solo así, si se imponen sanciones sobre los avasalladores, se podrá erradicar este negocio ilícito que deja familias estafadas y personas heridas o fallecidas producto de las peleas, en algunos casos con armas de fuego.

Otra tarea inmediata, mediante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), es sanear todos los territorios que aún se encuentran en el limbo, de modo que ninguna persona o grupo se atribuya derecho sobre ellos.

Se debe delimitar claramente en qué terrenos se puede construir viviendas y en cuáles no. Una vez que se ha identificado estos aspectos, se tendrá que evitar que grupos delincuenciales se asienten sobre ellos.

Para impedir que las tierras sigan siendo avasalladas, se debe actuar rápidamente, con ayuda de la Policía, ante el primer indicio de posesión ilegal.

Lo que ha ocurrido hasta ahora es que algunas instancias del Estado han sido permisivas y han dejado que se construyan viviendas en lugares no permitidos, y cuando se consolidan barrios en esos espacios, las familias acuden a todas las estrategias para que no derrumben sus techos. 

Por eso es mejor evitar que se construyan casas en lugares no permitidos, porque después es muy difícil desalojar a las familias. Para eso es importante que el Estado siente presencia, con mano firme pero justa.