El conflicto entre Bolivia y Argentina en relación al denominado “tráfico de armas” involucra cada vez a más personas, entre las que se encuentran exautoridades de ambos países que habrían participado en forma directa e indirecta en este hecho.

En la denuncia que realizó el Gobierno en los últimos días se implica incluso al expresidente del país vecino Mauricio Macri, quien habría autorizado el envío de material antidisturbio desde Argentina a Bolivia, de manera irregular, durante la crisis de 2019, y que habría sido utilizado en las llamadas masacres de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en El Alto.

En una entrevista con la agencia española EFE, Macri negó haber enviado munición "letal" a Bolivia, y denunció una "persecución" en contra de su familia y sus colaboradores por parte del actual Ejecutivo argentino.

Empero, en Argentina un fiscal pidió iniciar una investigación criminal contra el expresidente y otros miembros de su Gobierno por los delitos de contrabando “agravado por el número de personas, por haber presuntamente participado funcionarios públicos y por ser armas de guerra”.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo adelantó que el "tráfico ilícito de armas" está penado en Bolivia con hasta treinta años de presidio y que por ello "presentará la denuncia correspondiente" contra miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, además, "del cuerpo diplomático" que trajo esa carga "ilegal".

Este hecho, que aconteció en 2019, debe ser investigado hasta concluir lo que realmente sucedió, con la finalidad de castigar a quienes habrían cometido delitos, pero también para evitar que las relaciones bilaterales entre estos dos países se enrarezcan.

Bolivia y Argentina comparten problemas similares y tienen contratos en diversas actividades económicas, por lo que deben mantener relaciones bilaterales cordiales con el fin de profundizar la colaboración mutua.

Toda investigación que esté encaminada a esclarecer lo que sucedió en 2019 con el denominado tráfico de armas debe ser imparcial, sin injerencia sobre el Órgano Judicial que es la instancia encargada de investigar y, en su caso, sancionar a los que hubiesen incurrido en estos delitos.

En el caso de los funcionarios de Argentina, seguramente la justicia de ese país será la responsable de procesarlos y emitir las sanciones correspondientes.

Por su parte, el Gobierno boliviano deberá, una vez que se conozcan los fallos, hacer la correspondiente representación ante su similar de Argentina porque se trataría de injerencia en la política interna de un país, además de delitos que atentan contra la vida de las personas y la seguridad de una nación.