Opinión Bolivia

  • Diario Digital | miércoles, 17 de agosto de 2022
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Torturas en el siglo XXI

Torturas en el siglo XXI

El informe de la Defensoría del Pueblo no da lugar a dudas. Entre el año 2013 y el 31 de mayo de 2022, esta entidad recibió cientos de denuncias de casos de torturas y malos tratos, en un tiempo en el que se tendría que haber superado este tipo de agresiones contra la integridad física y psicológica de las personas.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó que se tiene un total de 1.129 denuncias, de las cuales 772 están referidas a la transgresión a la integridad física; 354 a la integridad psicológica y 3 a la integridad sexual.

Los departamentos de La Paz, Tarija y Cochabamba son las regiones en las que se reportaron mayor cantidad de denuncias con 262, 188 y 185, respectivamente.

Pero más allá de las cifras, que son circunstanciales, la pregunta de fondo es cómo se puede permitir que se sigan cometiendo actos de tortura en pleno siglo XXI, cuando se supone que la sociedad ha evolucionado a tal punto que debe primar la ley, la justicia, la equidad y el buen trato entre unos y otros, y de las entidades estatales a la población en general.

Y si la Defensoría del Pueblo se refiere a casos de tortura es porque, tras una investigación minuciosa, ha confirmado tales extremos.

El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

La tortura, que aún se ejerce en muchos países, es una grave violación a los derechos humanos, por lo que Naciones Unidas recomienda a los gobiernos trabajar hasta erradicar todo atisbo de este mal que sigue aquejando a diferentes sociedades.

Los casos de tortura que se denuncian ante la Defensoría del Pueblo y otras instancias de Derechos Humanos debe llamar la atención de las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno para que se esfuercen más en atender este acuciante problema que sigue latente.

El informe de la Defensoría del Pueblo puntualiza que, desde el año pasado hasta la fecha, el 55% de las denuncias de tortura se originaron en celdas policiales, el 21% en los centros penitenciarios, el 14% en los cuarteles y el 10% en hospitales o en instalaciones municipales.

Lo que debe quedar claro es que no existe justificativo alguno para someter a torturas a las personas, sin importar que se encuentren, temporalmente, en una cárcel o si se están en un cuartel para prestar su servicio militar.

El desafío que debe asumir la población en general, y algunas entidades públicas en particular, es desterrar la tortura de la práctica cotidiana. Quienes utilizan aún este recurso aberrante deben ser sancionados como corresponde, porque se trata de un delito de lesa humanidad que se castiga en Bolivia y en todo el mundo.

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