Opinión Bolivia

  • Diario Digital | miércoles, 23 de junio de 2021
  • Actualizado 20:00

Los tentáculos de Arturo Murillo

Los tentáculos de Arturo Murillo

Acusados de soborno y conspiración para cometer lavado de dinero, el exministro Arturo Murillo y su exjefe de gabinete Sergio Méndez fueron arrestados en Estados Unidos, y el Gobierno boliviano anunció que inició la solicitud de extradición del ex hombre fuerte del gobierno de Jeanine Áñez.

Además de Murillo y Méndez, fueron arrestadas otras tres personas, quienes, según las primeras investigaciones, pagaron 602.000 dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno boliviano, en beneficio de Murillo, Méndez y de otro funcionario más.

Las investigaciones de la Fiscalía en el país dan cuenta de que hay por lo menos una veintena más de personas involucradas en los delitos de soborno y lavado de dinero, por sumas elevadas que se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman, con sede en Florida, "obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia"..

En las últimas horas, la Policía y Fiscalía de Bolivia realizaron al menos una decena de allanamientos a varios bienes inmuebles de Murillo, en busca de pruebas que incriminen al exministro, quien, en caso de ser declarado culpable, podría ser sentenciado hasta con 20 años de cárcel.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que en los allanamientos se encontró documentación vinculada no solo al caso de la compra de gas lacrimógeno, sino también de otros procesos.

En torno a Murillo estarían involucrados no solo familiares del exministro, sino también amigos de confianza que lo conocieron desde la infancia.

Las investigaciones dilucidarán cuánta gente está involucrada en esta trama de soborno y lavado de dinero, que, según las investigaciones, extendió sus tentáculos no solo en Bolivia, sino también a otros países.

Se habla de un sobreprecio de al menos 2,3 millones de dólares en la compra de gases, dinero que salió de las arcas del Estado, ocasionando un severo daño económico, más aún si se toma en cuenta que el país, al igual que el resto del mundo, está atravesando una situación complicada a causa de la pandemia del coronavirus.

La investigación que ha iniciado la Fiscalía, con el apoyo de la Policía, tiene que llegar hasta el fondo, es decir, dar con todos los que fueron parte de la comisión de estos delitos y después lograr la recuperación de los millones de dólares que se saquearon de las arcas del Estado.

Y lo más probable que este caso sea solo uno más de otros que se cometieron en los últimos años, en detrimento de la economía del país. Tampoco se debe dejar de lado qué se pretendía lograr cuando el exministro buscaba forzar la devolución de las acciones de la nacionalizada ELFEC.

Los funcionarios que ingresan a la función pública deben saber que no pueden saquear el dinero de los bolivianos, porque la justicia, tarde o temprano, caerá sobre ellos y tendrán que pagar por los delitos cometidos.

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