Hubo torturas y ejecuciones extrajudiciales el año 2009, en el hotel Las Américas de Santa Cruz, contra cinco personas de un supuesto grupo armado, durante la gestión de Evo Morales. Ese es el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que contradice lo que ha sostenido desde esa época el exmandatario boliviano.

Si Bolivia quiere evitar un juicio internacional por estas supuestas ejecuciones extrajudiciales, la justicia del país debe procesar a los responsables, si los hubiera, según un documento de la CIDH al que tuvo acceso El Deber.

El 16 de abril de 2009, un grupo de élite de la Policía ingresó al hotel Las Américas y, tras irrumpir en varias habitaciones, sus integrantes dispararon contra tres personas que murieron en el lugar, Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer.

Según el informe de la CIDH, las cámaras de seguridad del hotel fueron apagadas desde el 15 de abril, así como el internet, además de eliminarse los videos y registros de ese establecimiento hotelero.

Mientras el informe de la CIDH señala que estas personas fueron ejecutadas tras ser detenidas, el Gobierno de ese entonces sostiene que hubo fuego cruzado en el hotel, en el que murieron los integrantes de este grupo que habría tenido el objetivo de separar a Santa Cruz del resto del país.

Tras conocer el informe de la CIDH, el expresidente Evo Morales reiteró que existe un “plan negro” en su contra y, además, pidió que se reabra el “caso terrorismo” para que se sancione en forma ejemplar a los involucrados.

Por los últimos informes en torno a este caso, es importante para el país que se siga investigando hasta concluir si hubo o no ejecuciones extrajudiciales y quiénes son los responsables de las mismas, en caso de que se encuentren indicios de que así fue.

Y si una investigación imparcial interna en el país demuestra que se trató de un enfrentamiento entre los miembros de la Policía y las personas que componían este grupo, se desechará la hipótesis de que fue un operativo con el fin exclusivo de ejecutar a estas personas que, según el Gobierno de entonces, fueron traídos por políticos de la oposición.

La sombra de lo que sucedió el 16 de noviembre de 2009 no puede seguir como un lastre sobre el país, porque el gobierno actual pregona que es respetuoso de los derechos humanos, por lo que debe demostrar esta afirmación culminando la investigación que lleva más de 10 años con tropiezos porque no se logró colectar evidencias sólidas para concluir si fueron o no ejecuciones extrajudiciales.

Bolivia debe proteger su integridad territorial y mantener la seguridad de todos sus habitantes, pero no puede utilizar armas extrajudiciales para sancionar a quienes cometen delitos en el país.