¿Cuánto perdió el país en los 36 días de paro que llevó adelante Santa Cruz desde el 22 de octubre? Además de los casi mil millones de dólares reportados por el Gobierno, la violencia dejó el saldo de al menos cuatro personas fallecidas y decenas de heridas.

Y tras levantar la medida de presión el sábado pasado, la ciudad de Santa Cruz intenta retomar sus actividades para tratar de recuperar el dinero perdido en más de un mes de paro, mientras la Cámara de Senadores se toma su tiempo para analizar la ley del censo remitida desde Diputados.

Que el paro se haya mantenido inalterable durante más de un mes da cuenta de la intransigencia de los sectores enfrentados y de la deficiente gestión de las autoridades (Ejecutivo y Legislativo) para resolver un conflicto que no debió prolongarse tanto tiempo.

Es inconcebible que la Comisión de Constitución, primero, y después la Cámara de Diputados, hayan demorado tanto tiempo en la aprobación de un proyecto de ley en el que se homologa el Decreto Supremo 4824.

En este decreto se aprobó la fecha del censo para el 23 de marzo de 2024 y la redistribución de recursos económicos para septiembre del mismo año.

La exagerada tardanza en la Comisión de Constitución se debió a los desacuerdos entre oficialistas y opositores por detalles menores, pero también a las pugnas internas que persisten en los partidos políticos, tanto en el MAS como en Creemos.

Y tras la aprobación de la norma en Diputados, ya se han expresado voces de desacuerdo desde el MAS, de algunos dirigentes que aseguran que no es necesario aprobar esta norma y calificaron a los legisladores que viabilizaron la ley de traidores.

Lo que corresponde al Senado es aprobar en el menor tiempo posible la ley del censo sin caer en trámites burocráticos como sucedió en Diputados.

La senadora Centa Rek, de Creemos, propuso que la norma aprobada en Diputados sea tratada directamente en La Cámara Alta sin la necesidad de que una comisión la analice.

Está en manos del Senado que esta ley se apruebe en el tiempo más rápido posible para que pueda ser después promulgada por el Ejecutivo.

Y este paro que causó tantos perjuicios a la población debe ser un recordatorio para que cualquier conflicto se pueda resolver sin necesidad de llegar a extremos, porque no es posible recuperar las vidas que se perdieron durante este conflicto, por una u otra causa, y volver a encauzar la economía será una tarea difícil.

Quienes más sufren con estos conflictos son las familias que no cuentan con ingresos estables y deben salir todos los días a las calles para procurarse el alimento, mientras los legisladores y otros funcionarios públicos tienen asegurados sus sueldos y sus aguinaldos.