Un nuevo caso de presunta corrupción en la compra de 170 respiradores de la empresa española GPAInnova pone en tela de juicio la gestión de la presidenta Jeanine Áñez. Las versiones de que cada equipo tenía un precio real de poco más de 10 mil dólares y que el Gobierno pagó 27.683, fueron tomando cuerpo en las últimas horas. Es más, la propia Presidenta, a través de un tuit, decía que “Gracias a denuncias en redes y medios iniciamos investigación sobre posible corrupción en compra de los respiradores españoles. Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado”.

Minutos después, se conoció que el Ministerio de Gobierno presentó una denuncia en la Fiscalía en contra del jefe de Contrataciones del Ministerio de Salud, Fernando V., después de que Transparencia evidenció que fue él quien se encargó de la adquisición directa de la compra de los cuestionados ventiladores. El funcionario permanece aprehendido. Pero, ¿será él el único responsable como aparentemente se quiere mostrar? Esa persona puede que responda a otras y hasta ellas deben llegar las autoridades, si es que de verdad quieren sancionar a los corruptos. No vaya ocurrir de que se castigue a los que podríamos llamar peces flacos, mientras que los gordos, o los que están en altas esferas, sigan libres y diseñando nuevos actos de corrupción.

Lo que inicialmente parecía solo un rumor fue tomando cuerpo ayer en la mañana, cuando el director general de la multinacional española GPAInnova, Pau Sarsanedas, confirmó que la venta de los 170 respiradores para Bolivia se realizó a través de intermediarios, no directamente con el Gobierno transitorio, y a un precio base de 10.312 dólares (9.500 euros), incluyendo accesorios.

Esa declaración echó por los suelos las versiones dadas, el lunes por la noche, por el ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien negó tajantemente una sobrevaloración y aseguró que la compra se realizó cumpliendo con los protocolos establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los procedimientos que señala el Decreto Supremo Nro. 4274, que autoriza la adquisición directa de equipos para atención de emergencia sanitaria por el COVID–19. Es más, Navajas añadió que “el BID dio no objeción de compra”.

Tras conocerse cómo es que se dieron los hechos, hay muchas preguntas que las autoridades deben responder ¿Cómo es posible que un funcionario de mando medio haya realizado la compra con sobreprecio y nadie se haya dado cuenta? ¿Será que el Ministro autorizó la adquisición sin comprobar que se había cumplido con las normas? Ante esto, lo menos que se puede pedir es que las acciones de las autoridades sean transparentes; no se puede tolerar que en una situación tan delicada y difícil como la que estamos viviendo por el coronavirus, existan funcionarios que aprovechan las circunstancias para cometer actos delincuenciales y se embolsillan miles de dólares.

Este caso de presunta corrupción se suma a otros más que se han dado a conocer en los seis meses de Gobierno de Áñez y que han involucrado a altos ejecutivos de empresas estatales. Tal es el caso de ENTEL, donde el exgerente autorizó el pago de beneficios laborales al margen de las normas legales. Una de las últimas denuncias involucra al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) por la compra irregular de seguros.

Urge que el Gobierno transparente su gestión, que investigue los hechos de corrupción y sancione con todo el peso de la ley a los involucrados, porque está de por medio la credibilidad y la fortaleza para gobernar el país.