Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 19 de septiembre de 2021
  • Actualizado 16:28

Reformas profundas a la justicia ¿será posible?

Reformas profundas a la justicia ¿será posible?

El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirma que el sistema judicial en el país necesita con urgencia una reestructuración, porque tiene deficiencias que no le permiten impartir fallos justos y deja a muchas víctimas en la indefensión. Por el contrario, quienes cometen delitos o crímenes se benefician con medidas sustitutivas a la detención preventiva y aprovechan esta situación para fugarse.

El informe hecho público este martes y entregado al Gobierno por el GIEI concluye que la justicia en Bolivia adolece de falta de independencia, ausencia de garantías del debido proceso y uso abusivo de la prisión preventiva.

“(…) se advierte que el Estado requiere implementar reformas profundas en su sistema de justicia, a fin de garantizar que la Judicatura y el Ministerio Público no sean utilizados para fines políticos por el gobierno de turno, se respeten las garantías al debido proceso, y se utilice la detención preventiva de manera excepcional, como último recurso, en los procesos penales”, señala parte del informe.

Los expertos advierten, además, que existe la urgente necesidad de que se revise la legislación penal respecto de tipos penales ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes, para evitar la utilización de los mismos de manera arbitraria.

Para mejorar el sistema de justicia en el país, la primera condición sine qua non es contar con personal idóneo, jueces y fiscales de carrera que sean seleccionados mediante la más transparente evaluación, en la que no se tome en cuenta la pertenencia a un partido político, sino la experiencia de los postulantes, además de sus conocimientos y aptitudes.

Otro requisito es que la administración de justicia cuente con un presupuesto acorde a las necesidades de la población litigante, de modo que las personas que viven en áreas alejadas de las urbes puedan seguir sus procesos en sus poblaciones, sin necesidad de trasladarse cientos de kilómetros para buscar justicia.

Asimismo, el Órgano Judicial debe ser, como señala la Constitución Política del Estado, independiente, sin injerencias de ningún tipo, menos políticas, y que se procese a las personas sin tomar en cuenta si son de la oposición o del oficialismo, si tienen poder o no, o si cuentan con recursos económicos o no.

Además, en los hechos concretos, la justicia debería ser realmente gratuita, porque muchas personas no cuentan con recursos económicos y, por lo tanto, abandonan sus casos ante lo oneroso que les resulta mantener un litigio largo. Por eso, quienes tienen recursos económicos suficientes salen airosos, aun si son culpables.

El informe del GIEI ratifica lo que varios sectores de la población piden desde hace varios años, una justicia remozada, que aplique con probidad lo que está establecido en las diferentes leyes y códigos vigentes en el país. Si se cumple este precepto, la justicia habrá dado un paso importante. Todo esto ¿será posible?.

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