Tras la difusión de un audio en el que supuestamente el ahora expresidente de la Magistratura, Marvin Molina, y dirigentes del MAS coordinan la elección de los cargos judiciales en 2023, surgen voces que piden, en primer lugar, investigar este tema hasta encontrar a los responsables y, en segundo término, que se realice de una vez la reforma del sistema de justicia que está pendiente desde hace varios años.

Respecto a la última denuncia, el jefe nacional del MAS, Evo Morales, pidió que se investigue “caiga quien caiga” y expresó que el ministro de Justicia, Iván Lima, debe actuar con celeridad para esclarecer este caso.

Los audios se habrían grabado en diciembre de 2021, durante la visita de un diputado potosino del MAS a la ciudad de Sucre con el fin supuesto de favorecer a un abogado para que acceda al cargo de conciliador en Oruro, pero finalmente no fue designado en dicho puesto por la baja calificación que obtuvo en el proceso.

Por eso, además de que esta denuncia sea investigada para confirmar si tiene o no asidero, lo urgente es la reforma judicial, proyecto del cual se ha venido hablando desde hace varios años, pero sin avances, porque, al parecer, no hay voluntad para mejorar este órgano que es parte esencial del Estado boliviano.

La justicia ha estado en el banquillo de los acusados en los últimos años, debido a denuncias que apuntan a una abierta injerencia por parte del Órgano Ejecutivo, que estaría valiéndose del Órgano Judicial para perseguir, procesar, sentenciar y anular a sus adversarios políticos. 

Por su parte, el oficialismo asegura que los que forman parte del sistema judicial tienen toda la garantía para realizar su trabajo sin injerencia.

Empero, lo que está claro para opositores y oficialistas es que la justicia requiere de una transformación profunda para subsanar sus fallas, las cuales han sido ratificadas por organismos internacionales que ven retardación de justicia y abuso de la detención preventiva, entre otros males.

Los actos de corrupción cometidos por funcionarios judiciales es otro lastre que se debe erradicar, tras haberse destapado varios casos en los que jueces otorgaron medidas sustitutivas a la detención preventiva, a criminales con sentencia ejecutoriada.

Una investigación que se realizó en varios juzgados demostró que feminicidas que tenían antecedentes por haber cometido delitos graves y en forma reiterada gozaban incluso de libertad pura y simple por el accionar de jueces corruptos.

Por eso, quienes están a cargo de llevar adelante las reformas judiciales, deben dejar de lado los discursos demagógicos, trabajar para tener una justicia imparcial que no mire a quien juzgue ni por su influencia ni por el peso de su dinero.