La Gestora Pública, aún sin haber iniciado operaciones, está dando bastante de qué hablar. En las últimas horas se difundió la información de que 248 empleados que “trabajan” en esta entidad estatal cobran sueldos de hasta 35 mil bolivianos al mes, pese a que BBVA Previsión y Futuro de Bolivia siguen administrando las pensiones de los bolivianos.

Cada mes, según un reportaje de El Deber, los 248 trabajadores de la Gestora de Pensiones reciben, en diferentes montos, más de 2 millones de bolivianos, pero sin que esta entidad esté cumpliendo la tarea que se le encomendó, administrar los aportes de los trabajadores activos y el pago de las pensiones a los jubilados.

La pregunta que deben absolver el Ministerio de Economía y la Asamblea Legislativa Plurinacional es ¿de dónde sale el dinero para cancelar los salarios de estas 248 personas? ¿Se paga por partida doble, es decir, a los trabajadores de las AFP y a los funcionarios de la Gestora Pública?

Bolivia no vive una bonanza económica y, por lo tanto, no puede darse el lujo de pagar por un mismo trabajo a empleados de dos entidades. ¿O es que los funcionarios de la Gestora Pública (que aún no está en operación) cobran sus salarios sin merecerlo?

Esta y otras preguntas deben responder las instancias que están en la obligación de fiscalizar a esta entidad, porque no se puede pagar salarios (en algunos cargos elevados) a personas por una función que no rinde aún resultados.

Mientras millones de personas en el país reciben el salario mínimo de 2.250 bolivianos, algunos privilegiados, aparentemente sin trabajar, reciben sueldos de hasta 35 mil bolivianos.

El diputado Marcelo Pedraza, de Comunidad Ciudadana, citado por El Deber, cuestionó los “exorbitantes” salarios que reciben los funcionarios de la Gestora Pública, pese a que esta entidad aún no cumple su función.

Y si el argumento de la Gestora es que se debe preparar toda la infraestructura para que se administre el sistema de pensiones en reemplazo de las dos administradoras de Fondos de Pensiones, la pregunta es si es necesario contar con tantas personas para esta tarea y si los salarios deben ser tan elevados.

Es urgente indagar si es necesario erogar más de 24 millones de bolivianos cada año para los sueldos de quienes trabajan en la Gestora Pública, pero, además, saber en qué estado se encuentra esta entidad pública, cuándo empezará a operar, qué tan eficiente y segura será para administrar los recursos de los trabajadores y jubilados bolivianos.

El país no puede seguir gastando dinero en una entidad que no funciona, pero, lo más importante, es que los trabajadores activos y jubilados necesitan tener la certeza de qué deben esperar en el futuro inmediato, porque no se puede poner en riesgo las jubilaciones de los bolivianos.