El robo de vehículos y el traslado de los mismos de una región a otra sigue siendo el talón de Aquiles para la seguridad de las fronteras que comparten algunos países de Sudamérica, lo cual se hizo evidente, una vez más, tras desatarse un nuevo escándalo de autos robados.

La denuncia precisa que hay jefes policiales involucrados en una red de robo y comercialización de vehículos provenientes de Chile. Es más, en las últimas horas, se ha aseverado que hay también militares que están implicados en la tenencia de motorizados obtenidos ilegalmente.

La denuncia de policías involucrados en mafias que se dedican a robar vehículos no es reciente. Un reportaje publicado en OPINIÓN, en mayo de 2011, daba cuenta de que en Bolivia, según las autoridades chilenas, había al menos 2.000 vehículos robados en Chile.

En esa oportunidad se reveló que los vehículos robados en Chile eran ingresados a Bolivia con la complicidad de funcionarios de instituciones “claves” encargados de controlar las fronteras y policías cuya función era impedir el ingreso de toda mercadería ilegal.

Tras hacerse pública la última denuncia, de la existencia de una mafia organizada que funciona entre Bolivia y Chile, sería importante suscribir convenios entre los países afectados para luchar con más eficacia contra los delitos que se cometen en las fronteras como el tráfico de drogas, la trata y tráfico de personas, el contrabando y el ingreso de vehículos robados.

Para ello, ambos gobiernos tendrán que analizar cuál es la mejor manera de combatir estos delitos que hacen daño no solo a la economía de sus países, sino también a la salud de sus pobladores.

Si se confirma que algunos jefes de Diprove tienen participación en estas mafias internacionales, se tendrá que realizar un trabajo minucioso para revelar desde cuándo lo hacen, quiénes están involucrados y, como siguiente paso, procesar a todos los responsables de cometer estos delitos.

La denuncia de los investigadores chilenos que alertaron sobre el robo de vehículos en su país da cuenta, además, que al menos el 90% de los motorizados robados en su territorio está en manos de policías, militares y funcionarios de la Aduana.

De ser evidente esta última denuncia, el país se encontraría ante un panorama sombrío, porque no se trataría solo de unos cuantos funcionarios involucrados, sino que se habría montado una estructura que colabora con el robo de vehículos en países vecinos y facilita su ingreso a territorio boliviano.

Por eso es urgente que se realice una purga para expulsar a los funcionarios que, además de no cumplir con sus funciones, se dedican a delinquir aprovechando sus cargos. Caso contrario, si no se los expulsa, en poco tiempo la institución que permite la corrupción y el delito se verá seriamente afectada, dañando la imagen de Bolivia.