En los últimos días comenzaron a escucharse algunas voces que cuestionan el triunfo del binomio Luis Arce Catacora y David Choquehuanca del Movimiento Al Socialismo (MAS), y plantean un gobierno transitorio militar, policial, civil e indígena.

Esa “propuesta”,  que desde todo punto de  vista es observable, salió en un cabildo que encabezó la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) la semana pasada. Pero, lo que más llama la atención es que no solo es respaldada por los miembros de ese grupo, sino que  ahora también la  “adoptó” la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

  Al parecer, las personas que alientan ese tipo de planteamientos no conocen la historia del país o se han olvidado de las implicancias que tiene un gobierno militar.

 Basta recordar que Bolivia fue víctima de una serie de golpes de Estado perpetrados por militares, que dejaron heridas profundas en los bolivianos.

Durante esos años en que el país estaba en manos de militares se violaron los derechos humanos y se reportaron muchos muertos y desaparecidos. ¿Será que quienes ahora piden un gobierno militar, policial, civil e indígena quieren eso para Bolivia? 

Las Fuerzas Armadas y Policiales tienen claramente definido su rol en la Constitución Política del Estado, por lo que deben cumplirlo a cabalidad y no pueden ser usadas para otro tipo de intereses.

Desde 1982, el país vive en democracia, con sus bondades y defectos, pero en libertad para elegir a sus gobernantes en las urnas.

El 18 de octubre, más de siete millones de  bolivianos habilitados para los comicios generales  fueron a las urnas y de ellos  55.1% dio su voto al binomio Arce-Choquehuanca, por lo que en democracia esos resultados deben ser respetados.

La denuncia que hacen algunos grupos sobre un presunto fraude en los comicios debe ser canalizada en instancias judiciales, como lo ha hecho el Comité Pro Santa Cruz, que presentó su demanda acompañando algunos documentos que, según ellos, son las pruebas válidas que deben ser tomadas en cuenta.

Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, fue enfático en señalar que el proceso electoral concluyó y que los resultados fueron “plenamente validados”.

Pretender implementar un gobierno militar, policial, civil e indígena es una idea completamente fuera de contexto, pero no solo eso, sino que también significaría un retroceso en el camino avanzado para la consolidación de una verdadera democracia.

Todos tienen derecho de reclamar, protestar y expresar lo que piensan de manera libre y sin ningún tipo de mordaza. En ese marco, es bueno que algunos grupos movilizados tengan prudencia, mesura y reflexionen antes de lanzar ideas que pueden generar más conflicto, cuando lo que necesita Bolivia, sobre todo en estos momentos, es paz y tranquilidad para enfrentar la crisis y solucionar los problemas.

Reflexión y mesura

Sería bueno que los grupos movilizados reflexionen antes de hacer planteamientos que pueden causar perjuicios para el país.