El último informe de Régimen Penitenciario da cuenta que las cárceles del país albergan a 28.000 privados de libertad, y de estos, al menos el 65% no tiene una sentencia ejecutoriada, es decir, son detenidos preventivos que esperan, en algunos casos por años, un fallo de la justicia que defina si son o no culpables y qué tiempo deberán permanecer tras las rejas.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que 17.000 privados de libertad se encuentran con detención preventiva y responsabilizó a la retardación de justicia por esta situación de incertidumbre para miles de personas.

La retardación de justicia afecta a los detenidos que han cometido delitos de bagatela, porque deberían estar libres con medidas sustitutivas, y es también la principal causa para que los privados de libertad vivan en un hacinamiento que empeora más cada año.

El dato que maneja Régimen Penitenciario es que los penales del país tienen la capacidad para alojar a un poco más de 8.500 presos, pero, según esta misma institución, en la actualidad hay 28.000 privados de libertad, es decir, tres veces más de lo que debería haber.

En julio pasado, Régimen Penitenciario informó que, de la totalidad de los penales en el país, solo uno estaba libre de hacinamiento, el de Villa Busch, en Cobija, Pando.

Se han presentado varias propuestas para descongestionar las cárceles del país, como el de colocar tobilleras electrónicas a quienes han cometido delitos menores o si están a punto de cumplir sus condenas, para que estén con arresto domiciliario.

Hay comisiones que visitan periódicamente las cárceles para evaluar los casos de personas que deberían estar libres, pero que siguen presas por falta de algún documento o porque no cuentan con un abogado defensor.

La medida de las tobilleras electrónicas, sigue siendo una propuesta que no termina por concretarse; mientras que las jornadas de descongestionamiento logran liberar solo a una minúscula parte de los presos.

Para aliviar el hacinamiento se deberá designar el número suficiente de jueces que se dediquen a procesar todos los casos y, tras un análisis concienzudo, liberar a quienes han cumplido su pena o si están injustamente detenidos.

Otra opción es construir cárceles que sean adecuadas para albergar al número creciente de privados de libertad y dejar de utilizar casonas que podían contener a los reos hasta hace 20 años.

Pero lo que realmente va a descongestionar los penales es fortalecer la formación en los hogares y en el sistema educativo, donde se enseñe a los niños, adolescentes y jóvenes a vivir sin hacer daño a nadie, con el fin de que no tengan que ser procesados. Solo así bajará efectivamente el número de privados de libertad, como ha sucedido en otros países, donde incluso se tuvo que cerrar cárceles por falta de presos.