Cuando se realiza un paro, movilización o bloqueo en cualquier punto del país, ya sea por parte del oficialismo o de la oposición, quienes han implementado la medida de presión la califican de éxito, mientras que los contrarios aseveran que fue un rotundo fracaso.

Es un error pensar de esa forma, porque ya sea que se trate de un “éxito” o un “fracaso”, cualquier medida de presión perjudica a la población y es un síntoma de que algo no anda bien en el país, o que hay grupos que tienen intereses económicos o de poder, y para conseguir sus objetivos utilizan a sus bases.

En las últimas semanas, la disputa entre contrarios (oficialismo y oposición) se ha extendido a los militantes de un mismo partido, primero en el interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ahora en las filas de Creemos.

Si las autoridades de los diferentes niveles de gobierno buscan estrategias para solucionar los problemas que atingen al país, lo primero que deben hacer es ordenar sus casas, es decir, dejar de lado las disputas encarnizadas entre quienes se supone tienen la misma ideología y objetivos comunes, por lo menos en líneas generales.

La angurria por el poder es tal en algunos partidos políticos, que sus militantes, muchos de ellos autoridades, no se ahorran adjetivos para descalificarse unos a otros, y no se quieren dar cuenta de la pésima imagen que proyectan hacia la población debido a que la ira los ofusca.

Estas peleas no contribuyen en nada al país y menos ayudan a mejorar la ya tan deteriorada imagen que tiene la clase política ante la población, salvo honrosas y pocas excepciones.

Si los políticos de los partidos que tienen mayor representación parlamentaria en las cámaras de Diputados y Senadores se enzarzan en trifulcas innecesarias, postergan su principal mandato, que es administrar con sabiduría el Estado para todos los bolivianos y no solo para algunos cuantos y menos para sus bolsillos.

En las últimas horas, desde el MAS y Creemos se ha denunciado que existen alianzas, contubernios entre adversarios políticos con el fin (se entiende) de conseguir ventajas al margen de la legalidad.

No sería para nada reprochable que la oposición y el oficialismo coordinen tareas comunes, en bien de la población, porque, además, esa es su obligación. Es más, deberían ser más frecuentes las tareas de coordinación entre todos los legisladores, sin importar el color que llevan, siempre y cuando no sea con el fin de conseguir ventajas económicas o cuotas de poder en las entidades estatales.

Quienes piensan diferente deben debatir con ideas y no recurrir a los golpes para imponerse. El país necesita proyectos viables que beneficien a los bolivianos con empleo, salud, educación, y no espectáculos bochornosos como se ha visto en los últimos días.