Catorce menores, de entre 10 y 13 años, resultaron embarazadas en Cochabamba, en 2019, como consecuencia de violaciones, según un informe difundido por el representante departamental del Defensor del Pueblo, Nelson Cox, quien expresó su preocupación por este delicado problema.

Uno de los últimos casos denunciados es el de una estudiante de 12 años, quien lleva un embarazo de casi cuatro meses, cuyos padres formalizaron la denuncia contra su agresor, un hombre de 39 años, quien argumentaba tener una relación con la menor.

Sin embargo, la ley en nuestro país tipifica como violación una relación sexual, aunque sea consentida, cuando se trata de una menor. 

El artículo 308 del Código Penal señala que se castiga con hasta 20 años de presidio cuando una persona tiene relaciones sexuales con alguien menor de edad que no ha llegado a la pubertad.

Lo más probable es que los 14 casos de embarazo de menores, denunciados por Cox, son apenas una mínima parte de lo que ocurre y que no se denuncian, muchas veces por la vergüenza que siente la familia o debido a que consideran que será una pérdida de tiempo.

Lo lamentable es que los perpetradores de las violaciones a las menores de edad, en la mayor parte de los casos, son personas cercanas al entorno de las víctimas, quienes aprovechan la familiaridad que tienen.

Y si bien la norma en el país permite a las menores que han sido agredidas sexualmente, optar por el aborto, en muchos casos, las víctimas son “obligadas” no solo a dar a luz, sino  que en los casos más dramáticos a vivir junto con el abusador.

Hay niñas que deben dejar los juguetes a un lado, y por ende su infancia, para dedicarse a tareas propias de una mujer adulta, intentar criar a un hijo o hija que ha sido concebido como consecuencia de una violación.

Los autores de este delito quieren escudarse en el argumento de que tenían una relación consentida con la víctima, es decir que eran pareja, pero ese argumento no puede ser tomado en cuenta porque se trata de menores de edad.

En estos casos de abuso, los jueces deben valorar las pruebas que presenta la Fiscalía para, en consecuencia, castigar con el mayor rigor posible a quienes aprovechan la confianza de la familia para cometer una acción tan execrable como es la violación.

Entre enero de 2016 y septiembre de 2018, en Bolivia resultaron embarazadas 9.552 menores de 14 años, según registros del Sistema Nacional de Información en Salud y publicado por el diario Página Siete de La Paz.

Estos datos, sumados a los que hizo conocer el representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, nos deben llamar a la reflexión, seriamente, porque lamentablemente no estamos protegiendo a la niñez y, al contrario, la estamos agrediendo, física, psicológica y sexualmente.

Los niños y adolescentes deberían estar seguros en sus hogares, así como en las calles y en los establecimientos educativos, pero sucede todo lo contrario. El lugar de su residencia se ha convertido, en muchos casos, en el sitio más peligroso para ellos.

Como siempre se repite es mejor prevenir que lamentar, pero para eso se requiere de un trabajo serio, tanto de parte de las autoridades como de la población en general. Los niños y adolescentes deben ser nuestra prioridad.