Un médico pediatra, con antecedentes de pederastia en Estados Unidos, continuó ejerciendo en Cochabamba y, lamentablemente, perpetró, según denuncias, varios casos de abuso sexual en contra de sus pacientes, por lo que fue suspendido de sus funciones del hospital Andrés Cuschieri (Colcapirhua), donde trabajaba hasta la anterior semana.

Este médico es investigado por presunto abuso sexual a dos niños de 3 y 10 años durante los exámenes que realizaba en su consultorio privado en Cochabamba.

En Estados Unidos, el pediatra fue arrestado el 3 de febrero de 2015 después de que descubrieran una cámara que él había escondido en la parte trasera de un inodoro en la clínica en la que trabajaba.

Con el pago de una fianza fue liberado. Decidió, entonces, viajar a Bolivia para seguir ejerciendo como pediatra.

Además de atender en un consultorio privado, el médico ingresó a trabajar en el sistema público desde hace tres años, con ítem ministerial, en Colcapirhua.

Lo que llama la atención es que el médico con antecedentes de pederastia, y un arresto de por medio, haya logrado ingresar a trabajar al sistema público sin que ninguna instancia de control detectara sus antecedentes delictivos.

Para ingresar al sistema público, las personas que optan a un cargo presentan sus datos personales, sus títulos y demás documentos, por lo que debió detectarse en su oportunidad los antecedentes de pederastia que tenía el pediatra en cuestión.

Si no se lo hizo es porque el control en el sistema de contratación de personal está fallando en alguna instancia, porque no se debió pasar por alto este hecho tan delicado.

La denuncia, según los antecedentes, fue presentada en julio por la familia de los niños afectados, pero el caso empezó a ventilarse recién a finales de agosto por la presión de los medios de comunicación.

Otra interrogante que surge es, ¿por qué el sistema judicial no reaccionó inmediatamente tras conocer la primera denuncia, averiguando los datos del pediatra y asumiendo la suspensión inmediatamente?

En casos como el de este pediatra, la justicia debería reaccionar con más premura, porque de no hacerlo se pone en riesgo a otros niños. Eso es negligencia y los funcionarios que no hicieron su trabajo deberán ser investigados. O si el sistema de contratación público no logra detectar estos extremos es porque necesita una reestructuración.

Asimismo, OPINIÓN publicó el pasado domingo sobre varios casos de maestros que, aprovechando la confianza de sus estudiantes, abusaron de varios. En estos casos de abuso sexual, la solución más cómoda que asumen las autoridades es cambiar de unidad educativa a los maestros que cometen estos delitos, pero lo único que logran es trasladar el problema a otro espacio.

Esta nueva llamada de atención deberá ser tomada en cuenta por quienes tienen la responsabilidad de controlar las contrataciones para cargos públicos porque deben revisar los antecedentes profesionales y personales de los profesionales para verificar que no hayan cometido delitos que les imposibiliten ejercer determinados cargos.