La pobreza es uno de los problemas más persistentes de los países de Latinoamérica y se ha resistido a las políticas convencionales diseñadas para disminuirla o eliminarla, especialmente en el campo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), actualmente hay 80 millones de personas que viven en zonas rurales con un ingreso insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

En Bolivia, de acuerdo con un informe de la Fundación Jubileo, la pobreza se redujo en 25 puntos porcentuales entre 2007 y 2018. En ese periodo, la pobreza moderada disminuyó de 60.1% a 34.6%, y la extrema de 37.7% a 15.2%. 

La estadística muestra que el país tuvo avances considerables en la reducción de la pobreza, pero que la proporción en el área rural todavía es alta. 

Según datos del año 2018,  54 de cada 100 personas que viven en el campo se encuentran en el rango de pobreza moderada y 35 adicionales en la pobreza extrema. 

Los porcentajes —en ambas categorías—  son menores entre las personas que viven en la ciudad, 26% y 7%, respectivamente.

A esto se suma que la población indígena tiene una tasa de pobreza que, en promedio, equivale a 1.5 veces más que el resto de la población boliviana.

La realidad refleja que, a pesar de que hubo un contexto económico favorable, las políticas de reducción de la pobreza tuvieron mayor impacto en el área urbana, mientras en el sector rural, donde según el Censo 2012 habita el 30% de la población, las cifras de personas en situación de pobreza son considerablemente mayores.

Por esta razón, es necesario recalcar que para lograr la disminución de la pobreza en el país se requiere del compromiso y la acción de diferentes actores locales, nacionales e internacionales; mecanismos adecuados e incluyentes; la puesta en marcha de una nueva narrativa en torno a la pobreza, y la acción eficaz y coordinada entre todos.

Finalmente, es importante recalcar que  — como indica el documento la FAO “Panorama de la pobreza rural en América Latina y el Caribe” del 2018 — el mundo necesita que los gobiernos de la región puedan resolver problemas como la migración irregular e insegura desde el campo; la inseguridad alimentaria y la malnutrición; la pérdida de biodiversidad y la vulnerabilidad con territorios rurales prósperos y socialmente cohesionados.