Hace siete días que la ley que viabiliza la realización de las elecciones generales el próximo 6 de septiembre está en manos de la presidenta Jeanine Áñez.
Una mayoría, principalmente política, espera que la Presidenta-candidata viabilice las elecciones generales para que los bolivianos elijan en las urnas a la nueva autoridad que gobernará el país los próximos cinco años.

Sin embargo, Áñez y sus partidarios cuestionan la norma que, así no le agrade,  es el resultado de un largo y trabajoso consenso de las organizaciones políticas en carrera electoral, con la participación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).

La Mandataria exige a los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) que justifiquen con informes epidemiológicos la fecha de las elecciones, ya que, a su juicio, el riesgo para la salud de los electores aún es elevado, debido a los altos índices de personas que contrajeron el coronavirus y el riesgo latente que aún existe en todo el territorio nacional.

Ayer, Áñez habló de una nueva postergación de los comicios generales por uno o dos meses más, para evitar riesgos en la población votante.
Una vez más, aseguró que su intención no es prorrogar su mandato, el mismo que lo ejerce desde noviembre de 2019, tras la salida  del exgobernante Evo Morales.

Asimismo, dijo que respetará todo lo que disponga el TSE. Sin embargo, y aunque ella no lo vea así, es una contradicción innegable todo lo que afirma.

El plazo legal para que la Presidenta valide la ley que viabilice las elecciones vence mañana, por lo que el presidente del TSE, Salvador Romero, le pidió que la promulgue para dar certidumbre al país y le recordó que la norma es producto del consenso de los partidos políticos del país, con la participación de organismos internacionales.

Por su parte, el MAS anticipa que si Áñez no lo hace, el Legislativo promulgará la norma, hecho que podría complicar la ya delicada situación en  la que se encuentra el país.

Frente a ese panorama, en las últimas horas también se pronunció la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, y dijo que si la Mandataria no promulga la ley que garantiza las elecciones para el 6 de septiembre, los bolivianos irán  a las urnas el 2 de agosto, toda vez que está en plena vigencia la norma que fue sancionada el 2 de mayo.

Estas posiciones contrarias podrían complicar aún más la situación del país, que ya enfrenta una crisis sanitaria bastante preocupante, y si se mantienen los caprichos políticos, de unos y de otros,  podría provocar una crisis política profunda.
 

Bien común
Es hora de que los políticos piensen en todos los bolivianos y no solo en el reducido grupo de gente que está en su entorno y sus partidarios.