El gobierno emitió el Decreto Supremo 4409, que prohíbe el cobro de intereses extraordinarios o adicionales por las cuotas diferidas, además, permite que las entidades de intermediación financiera, en función a la situación económica y capacidad de pago de los prestatarios, realizar el financiamiento y/o reprogramación de las operaciones de crédito, cuyas cuotas fueron diferidas.

Estas tres medidas, sin duda, dan cierto alivio a los prestatarios, que por la pandemia del coronavirus y otros factores se ven imposibilitados de cumplir con los contratos que contrajeron con el sistema financiero. En ese marco, la negociación que se entable entre la entidad y el deudor deberá ser con reglas claras y apegadas a lo que dispone el reciente decreto.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las entidades de intermediación financiera podrán adecuar sus procesos de análisis y evaluación crediticia, pudiendo incorporar en la evaluación de la capacidad de pago de sus prestatarios, la proyección de flujos de caja, entre otros.

Para todo ello, el rol de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) será  imprescindible. Asimismo, será necesario iniciar una campaña de información dirigida a todos los prestatarios, quienes deben ser orientados para beneficiarse de la nueva disposición gubernamental.

Son momentos difíciles los que se atraviesan actualmente, pero una buena negociación puede ayudar a quienes contrajeron deudas y comprometan el pago en los tiempos que fijen con la entidad financiera. Este es también un esfuerzo de la banca, que debe ser retribuido con el cumplimiento de los prestatarios.

A más de esta disposición, en paralelo, el gobierno debe trabajar en la reactivación de la economía boliviana, principalmente en la generación de fuentes de empleos para que exista liquidez y pueda cumplirse los nuevos compromisos.