Tras haber tenido en vilo a la ciudad de La Paz, en base a la explosión de dinamita, los mineros y el Gobierno lograron, finalmente, un acuerdo que fija que este sector pague un impuesto de 4.8% por la explotación de oro. 

Antes de llegar a este convenio, los mineros exigían pagar como máximo 4.5% y el Gobierno pedía 5.5% sobre el total de las ventas brutas. Anteriormente, la demanda de este sector era pagar montos diferenciados, de acuerdo a la fluctuación de este metal precioso en el mercado, desde 1.78% hasta 3.03%.

Antes de suscribir el acuerdo, cuando el conflicto estaba aún latente en la ciudad de La Paz, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, había declarado que era “inadmisible” la pretensión de los mineros de pagar hasta 4% como máximo.

Sin embargo, al final, los mineros, de cierta forma, impusieron su postura, es decir, pagar una alícuota de 4.8%, no obstante que el valor de sus exportaciones supera los 2.000 millones de dólares.

Montenegro calificó de irrisorio el monto que tributan los mineros auríferos en regalías, que fueron unos 7 millones de dólares el año pasado, de los más de 2.100 millones que exportaron, es decir, se quedaron con importantes ganancias.

El espíritu del pago de impuestos se basa en un principio básico en el que paga un mayor monto el que gana más, por lo que, según dejó entrever el ministro de Economía, el sector minero, aquellos que se dedican a la explotación de oro, no están contribuyendo en la medida que deberían, es decir, de acuerdo a sus ganancias.

Y si el impuesto único es de solo 4.8%, lo más probable es que la explotación de este metal precioso, que se realiza actualmente sin control en muchas regiones, se incrementará debido a las ganancias altas que obtendrán los trabajadores que se dedican a esta actividad.

En los últimos años se ha denunciado que existe una explotación exagerada e incluso ilegal de oro en los ríos del oriente del país, especialmente en la parte norte, y también en el departamento de La Paz, también en el sector norte, donde incluso se tuvo que lamentar la muerte de personas porque se trabaja en condiciones precarias para sacar este metal.

Ahora que se ha suscrito el convenio que devuelve la tranquilidad a La Paz, lo que resta es que todos quienes se dedican a la explotación de oro paguen puntualmente y sin engañar la alícuota ya fijada, es decir, que no defrauden la fe que tiene el Estado en ellos.

Y si hay personas que no pagan lo que les corresponde entonces, el Gobierno, además de las sanciones económicas establecidas por ley, deberá quitarles las concesiones que les ha otorgado.

La explotación del oro tiene que ser muy bien planificada y debe beneficiar a la mayor parte de los bolivianos y no solo a los grupos que se dedican a esta actividad.