Bolivia tiene una de las normas más aquiescentes para sancionar el delito de contrabando, en relación a otros cinco países de la región, según las conclusiones de un análisis comparativo realizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Santa Cruz.

Pero, además de esta permisividad que “favorece” a los contrabandistas, este delito cuenta con la complicidad de algunas poblaciones, cuyos habitantes no solo protegen a los contrabandistas, sino que intervienen activamente en la comisión de este delito.

El análisis de la Cainco establece que la norma boliviana es más condescendiente tanto para tipificar el valor del delito de contrabando, como para establecer cuándo una persona debe ir a prisión, según publica Página Siete de La Paz.

En suma, este análisis recuerda que un contrabandista es enviado a prisión, en algunos casos, solo si es reincidente, si hubo intimidación, violencia o empleo de armas, además de que las sanciones económicas son bajas con relación al monto defraudado.

Con todos estos datos, la Cainco plantea a las autoridades nacionales modificar la norma vigente, por ejemplo, endurecer las penas para desalentar a los contrabandistas a que sigan cometiendo este delito que desangra la economía del país y enriquecen a las organizaciones delincuenciales que recurren a métodos violentos para conseguir sus fines.

El contrabando, además de atentar contra la economía del país, porque por la mercadería que se interna ilegalmente no se pagan impuestos, frena la generación de fuentes de empleo o, en casos extremos, provoca el cierre de empresas.

La norma, según el planteamiento de la Cainco, debe castigar con más dureza a los contrabandistas, pero también es imperioso reforzar la lucha contra este delito en las fronteras, con efectivos mejor entrenados.

Designar a funcionarios probos, que no cedan a los sobornos de los contrabandistas, es otro paso importante que se debe asumir para evitar que el contrabando siga infiltrándose a través de las extensas fronteras que Bolivia comparte con los países vecinos.

El contrabando se ha enquistado de tal forma en algunas esferas públicas que solo con una reestructuración profunda se podrán mejorar las tareas de control para terminar con los clanes delincuenciales que se dedican a este delito.

Asimismo, los controles deben ser más rigurosos en los centros de abasto donde se vende abiertamente una infinidad de artículos de contrabando, especialmente electrodomésticos, pero sucede que las personas responsables de controlar se hacen de la vista gorda.

Si se quiere terminar con esta lacra del contrabando que hace tanto daño, se debe emprender una cruzada en todos los frentes, pero con determinación, sin dar tregua a este delito que socava la economía del país.