Las determinaciones asumidas el pasado domingo en el Cabildo de Santa Cruz, respecto a la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, allanó, de cierta forma, el camino para que, finalmente, se pueda “pacificar” el país después de 25 días de paro en la capital cruceña.

Recurriendo a una frase futbolera, la pelota está ahora en la cancha del Gobierno y la dirigencia cruceña, quienes deben hacer los máximos esfuerzos para encaminar una solución definitiva a este conflicto que duró mucho y que está causando grandes perjuicios a la economía del país.

Algunos diputados de MAS afirmaron en las últimas horas que ellos no tienen ningún problema en aprobar una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de los comicios de 2025.

Partiendo de esta aparente voluntad para allanar el camino de la realización del censo, le tocará a Santa Cruz dejar de lado las medidas de presión.

Respecto a la situación jurídica de los detenidos durante las jornadas de protesta, la misma debe ser definida por la Justicia, sin que se interpongan presiones de uno o de otro lado. Anoche fueron liberadas 10 personas, cinco obtuvieron detención domiciliaria y 2 fueron condenadas a 4 años de prisión.

Una consulta que llamó la atención es que Santa Cruz, mediante el Comité Cívico, convocaría a una comisión constitucional para revisar la futura relación política de este departamento con el Estado boliviano.

Esto podría interpretarse (y en las últimas horas lo confirmó el Comité Cívico) que Santa Cruz apunta al federalismo, por lo que este punto debería ser aclarado por los dirigentes, de modo que no se interprete de manera errónea este pedido, incluso como un intento de separatismo.

El Gobierno anticipó, minutos antes de la realización del Cabildo, que entregará al Tribunal Supremo Electoral los datos del censo hasta diciembre de 2024 para que el ente electoral pueda realizar la redistribución de escaños.

En este punto, habría que exhortar al Gobierno que haga todo lo posible por remitir los resultados del censo antes, toda vez que una vocal del Tribunal Supremo Electoral anticipó que se requieren de al menos seis meses para redistribuir los escaños, es decir hasta junio de 2025.

Y aquí cabe hacer una precisión, para las elecciones de 2020, el Tribunal Supremo Electoral lanzó la convocatoria en mayo de esa gestión, por lo que, si se aplica lo mismo para los comicios de octubre de 2025, sería aconsejable que se tenga el padrón electoral y los escaños saneados en mayo de 2024 como máximo.

Si todos los sectores se guían con las reglas que la democracia dispone, sin intransigencias, será más fácil que el censo y las elecciones se realicen con normalidad, caso contrario siempre habrá obstáculos en el camino que perjudican con mayor saña a los sectores más vulnerables.