La instalación de más de 10 mil casetas de dos plantas en los mercados de La Pampa, Calatayud, San Antonio y Fidel Araníbar, en Cochabamba, es una muestra más de cómo algunas autoridades se hacen de la vista gorda, mientras los comerciantes hacen lo que mejor les conviene y al margen de las normas.

En reiteradas oportunidades, los medios de comunicación denunciaron cómo la construcción avanzaba a vista y paciencia de  quienes se supone debían impedir que se consoliden hechos irregulares. En respuesta, anunciaban que asumirían acciones inmediatas. Sin embargo, en los hechos, solo colocaban un papel con la palabra “clausurado”, que a horas o días desaparecía y los trabajos continuaban.

Es más, permitían que las vendedoras copen parte de las vías con sus productos, mientras se hacían los trabajos que no contaban con el aval.

El martes, se conoció un informe de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Alcaldía, en el que se responsabiliza a tres funcionarios de la Secretaría de Planificación y cinco de la Intendencia Municipal de autorizar ilegalmente la construcción de las casetas en los mercados anteriormente mencionados e impedir la paralización de las obras.

Llama la atención que recién ahora identifiquen a los presuntos responsables, cuando más de 10 mil casetas de dos pisos ya fueron consolidadas.¿Por qué no se intervino antes y se frenó este hecho ilegal? ¿Dónde estaban las otras autoridades municipales para no fiscalizar?

En este polémico caso, hay muchas preguntas que las autoridades deben responder y no solo se debe sancionar a los que Transparencia identificó como supuestos responsables. Creemos que a más de esos dos jefes y seis funcionarios de menor rango, cuya identidad aún no se divulgó, hay otros empleados municipales que tienen   responsabilidad y deben ser  identificados y debidamente sancionados.

Asimismo, se debe indagar cuánto dinero hubo de por medio para que algunos funcionarios cerraran sus ojos y los comerciantes continuaran elevando sus casetas, a pesar de que estaban vulnerando las normas municipales. En ese sentido, algunos dirigentes también deberían ser investigados y denunciados ante la Fiscalía por el delito de corrupción.

Lamentablemente, esta no es la primera vez que los vendedores de los mercados de Cochabamba cometen irregularidades en complicidad con algunos funcionarios. Tampoco es la primera vez que las autoridades municipales son permisivas con este sector.