Las denuncias y contradenuncias entre oficialistas y opositores en el municipio de Cochabamba, con el uso de adjetivos peyorativos, se han intensificado en los últimos días y lo único que hacen es enrarecer el ambiente, además de cansar a la población que pide trabajo a sus autoridades.

Es cierto que se debe denunciar cuando se han cometido delitos en la función pública, porque eso va en desmedro del bienestar de las personas que viven en Cochabamba, pero cuando se lo hace solo por protagonismo o intereses partidarios, estas acciones deben merecer la censura.

El contribuyente no quiere estar más en medio de esas pugnas personales, que en la mayor parte de los casos solo buscan réditos particulares o de grupo, lo que pide es contar con una economía saneada, servicios básicos, vías en buen estado, hospitales y escuelas.

Cuando el oficialismo o la oposición denuncia algún hecho irregular que hubiese cometido la otra parte, inmediatamente el aludido saca debajo de la manga otra denuncia, aunque sea pasada, para defenderse y aprovecha para denostar a su rival político, seguramente para anotarse algunos puntos con sus jefes y, de paso, recuperar vigencia en el ambiente político.

Reiteramos que se tiene que denunciar si se cometen delitos en el municipio, pero cuando se lo hace por protagonismo, lo único que se consigue es enturbiar una gestión que debe beneficiar a todos los estantes y habitantes de Cercado.

Si alguna autoridad ha cometido algún delito, las instancias de la justicia tendrán que procesar y, tras la investigación, dictaminar las sentencias que correspondan o la absolución de acuerdo al debido proceso.

Lo más productivo será, aunque parece una utopía, que tanto oficialistas y opositores empujen, con proyectos viables, el carro hacia un mismo lado, porque fueron elegidos para el mismo fin, buscar el desarrollo de Cochabamba, sin olvidar, claro está, que a los concejales les toca fiscalizar al Ejecutivo para que ejecute obras de calidad.

Porque cuando hay intereses particulares de por medio, la gestión pública no avanza y los requerimientos de la población quedan en el olvido. Las autoridades elegidas están para trabajar no para pelar o ponerse zancadillas. Toda gestión debe ser fiscalizada, pero dentro el marco de la ley, sin crear imaginarios solo para perjudicar al contrario. 

Eso sucede también, por ejemplo, en el municipio de Colcapirhua, donde después de la salida de Nelson Gallinate a causa de un proceso, ya le sucedieron en el Ejecutivo dos concejales de su mismo partido, quienes, aparentemente por angurria, se pelean por estar a la cabeza de ese municipio. Eso le hace mucho mal a la población que espera trabajo y no confrontación entre sus autoridades.