En los últimos días, entre domingo y lunes, dos árboles de tamaño considerable cayeron en la ciudad, aplastando dos vehículos, uno que estaba estacionado y otro que circulaba por la avenida Circunvalación. En el segundo caso, tres personas se encontraban al interior del motorizado, dos de las cuales resultaron heridas.

Además de los daños materiales y el susto que se llevaron las personas que se encontraban en el vehículo, la caída de este árbol provocó heridas, aunque no de consideración, en dos, lo que implica para ellas un gasto de dinero. El motorizado, según testimonio de la afectada, quedó inutilizado.

Las personas afectadas reclamaron por los daños a la Alcaldía, instancia que, mediante la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra) y la Dirección de Medio Ambiente deslindaron responsabilidad, debido a que “existe un vacío legal” en este tema.

¿Entonces, quién resarce los daños a las personas que sufren lesiones e incluso la muerte, además de pérdidas económicas por la caída de un árbol?

Este tipo de incidentes ha ocurrido no sólo en esta gestión, sino también en anteriores, por lo que no es un tema nuevo y debió abordarse ya con la seriedad que merece.

Solo como antecedente, se debe traer a la memoria que en septiembre de 2009 un eucalipto de unos 30 metros cayó sobre un vehículo estacionado sobre la avenida Ecológica (Tiquipaya), cobrando la vida de una mujer que se encontraba al interior del motorizado.

Por eso es importante analizar este tema con el fin de proponer algún tipo de resarcimiento a las personas afectadas, porque también hubo casos en los que árboles cayeron sobre viviendas, destrozando paredes y techos.

Si bien se trata de hechos fortuitos que no ocurren en forma muy recurrente, una indemnización sería de gran ayuda para las personas afectadas.

Y como las medidas de prevención son aún más importantes que una compensación, es menester que las instancias encargadas de los parques, jardines y áreas verdes realicen inspecciones periódicas para alertar cuando un árbol está en riesgo de caer. En ese caso se tendrá que asumir las medidas que más convengan a la población, con el fin de precautelar la vida de las personas y de sus bienes.

Eso no implica que se empiece a talar todos los árboles que parezcan “sospechosos” de caer, sino que se deberá asumir la tarea de poda o, como último recurso, de tala, cuando sea estrictamente necesario.

Pero para eso se debe contar con una norma que defina cuándo se debe talar un árbol, las medidas preventivas para evitar accidentes de este tipo y cómo se debería proceder ante un posible resarcimiento. Con una ley clara se alejaría el argumento de que hay un vacío legal para este tipo de casos.