Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 19 de octubre de 2021
  • Actualizado 07:30

Ley contra fortunas ilegales, no contra opositores

Ley contra fortunas ilegales, no contra opositores

Una ley que permita investigar y, en su caso, hallar fortunas mal habidas es necesaria en el país, pero eso no significa que se apruebe una norma draconiana que sea utilizada como un instrumento de persecución, sino, más bien, que sirva para desbaratar organizaciones criminales que amasan fortunas cometiendo delitos con la mayor impunidad.

Narcotráfico, trata y tráfico de personas, extorsión, coimas por la licitación de obras públicas son algunas de las actividades que dejan grandes réditos económicos, pero al margen de la legalidad. En estos casos, los criminales utilizan el sistema financiero para “lavar” fortunas mal habidas, por lo cual es imperativo contar con una norma que castigue a estos delincuentes.

Lo deplorable sería que esta norma se utilice con el fin de perseguir a una persona o grupos con móviles políticos, así como han denunciado opositores al Gobierno.

Otros sectores, como los gremiales e iglesias evangélicas, han expresado su rechazo a este proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas, que se encuentra en tratamiento, porque “vulnera y violenta los derechos y garantías reconocidas en el ordenamiento jurídico en vigencia (…)”.

Los evangélicos afirmaron que más de 17 artículos de esta norma permiten a la Unidad de Investigación de Fortunas (UIF) ingresar a los domicilios, vulnerar las llamadas telefónicas y derecho a la intimidad, entre otros.

Por su parte, la directora ejecutiva de la UIF, Ana María Morales, aseguró que esta norma servirá para investigar a personas que tienen vinculación con delitos y si el dinero que tienen es obtenido a partir de asesinatos, secuestro, extorsión, narcotráfico, corrupción y trata de personas, además de perseguir a los “peces gordos”, y no está destinada para investigar la actividad común y corriente de los ciudadanos.

Durante muchos años, las organizaciones criminales han “lavado” dinero proveniente de actividades delincuenciales, aprovechando la permisibilidad de las normas, no solo del país sino de la región en general, por lo que los gobiernos determinaron aunar esfuerzos con el fin de desarticular organizaciones criminales por el lado más sensible, su economía, para lo cual articularon el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), institución mediante la cual se desarrollan políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Si la ley en el país está orientada bajo estos principios, lo más probable es que nadie se oponga a su aprobación y vigencia, pero si existiere siquiera un atisbo de que la misma será manejada para perseguir  opositores o personas que incomoden al gobierno, sería un desatino elaborar una norma en ese sentido.

Por lo pronto, el Gobierno abrió la posibilidad de ahondar el debate sobre este proyecto para recibir las observaciones fundamentadas para, en su caso, modificar lo que pueda mejorarse.

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